La sucesión de decretos de necesidad y urgencia (DNU) dictados por Mauricio Macri, urgido por la adecuación del Poder Ejecutivo en la nueva etapa de gobierno, despertó críticas de sectores opositores y, en particular, de legisladores kirchneristas, ahora con exacerbada defensa institucional. Habría que ver cuál es la respuesta legislativa en esta coyuntura, en particular de la Cámara de Diputados de la Nación que durante el año sólo tuvo nueve sesiones, menos de la mitad del año pasado, y sancionó 33 leyes, casi todas ordenadas por la expresidenta Cristina Fernández.
Si se considera el trabajo real de la Cámara baja, el número de reuniones se reduce considerablemente: hubo una Asamblea Legislativa, nueve sesiones -siete especiales y sólo dos ordinarias- y una preparatoria. Sobre un total de once reuniones se registraron 254 ausencias, y hubo casos como el de Javier Tineo y Sandro Guzmán, que nunca fueron al Congreso,
y los de Mario Das Neves, ahora gobernador de Chubut, y Francisco de Narváez, que ha renunciado a su banca, quienes asistieron a sólo tres sesiones.
En el informe de la Dirección de Información Parlamentaria, se indica que en este período ingresaron 8.988 proyectos, de los cuales 2.742 son de ley y, de estos, sólo 33 fueron sancionados, la mayor parte apurados por el oficialismo cristinista y en la última sesión del año. Además, la productividad estuvo a la altura de la diáspora partidaria en este año electoral. La máxima dedicación fue la del diputado Alberto Asseff, de Unir, movimiento aliado al massismo, con unos 730 proyectos presentados, contra ninguno de varios de sus colegas. Diputados, evidentemente, no es un ejemplo de democracia representativa.