Desde la semana pasada Sudáfrica se encuentra envuelta en una ola de saqueos a comercios propiedad de extranjeros y actos vandálicos con tintes xenófobos en las calles de varias ciudades, por parte de la población nativa del país, mientras el malestar con el Gobierno de ese Estado africano se dispara en las naciones de origen de los inmigrantes afectados.
La intolerancia sudafricana, con estallidos de violencia, ha traspasado las fronteras y ya se plantea como un conflicto internacional ante la debilidad del gobierno del presidente Jacob Zuma, al que acusan de no haber respondido a tiempo y permitir así una escalada caótica.
El origen de los ataques, que en especial conmocionan a Johanesburgo, la capital comercial del país, se debe las acusaciones de los pobladores nativos de quitarles el trabajo a ellos y de atraer la delincuencia, ya que la mayoría de las víctimas posee locales comerciales o son prestadores de servicios. Las protestas con manifestaciones pasaron a los hechos, con incendios de negocios y vehículos, tanto en este centro comercial y financiero como también en la ciudad suroriental de Port Elizabeth y en Durban, en el Este del país.
En realidad la violencia xenófoba había hecho eclosión a principios de año en Soweto, cerca de Johannesburgo, por la frustración de muchos jóvenes negros que se encuentran marginados de las oportunidades laborales y de otras posibilidades para mejorar la calidad de vida. El tinte ideológico acrecentó el fastidio porque se creen víctimas de los planes neoliberales impuestos por el FMI, en 1994, por las deudas acumuladas durante décadas por el régimen racista blanco. Por ello se ataca al Gobierno, tanto por el escaso crecimiento económico de sólo un 1,5% el año pasado y por la elevada tasa de desempleo en torno al 25%, que se duplica entre los jóvenes.
Ahora los inmigrantes ilegales se suman a los comerciantes foráneos y se arman para defender sus pertenencias, en tanto la preocupación crece en la la Unión Africana, que ha exhortado a pacificar el suelo sudafricano con la premisa de que todos los pueblos del continente deben ser tratados con dignidad. A toda costa se quiere evitar una nueva escalada, como ocurrió en 2008, cuando los disturbios en Johannesburgo y Pretoria terminaron con más de 50 muertos y 10.000 desplazados.