El saneamiento del Riachuelo, un tema que ya era preocupante en el virreinato, ha llegado a una instancia judicial condenatoria para que los encargados de frenar la contaminación, que afecta a cuatro millones de personas, inicien las obras de inmediato.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, encargado de controlar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, en junio de 2006, que ordenó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño a sanear ese curso putrefacto, impuso una durísima sanción a los responsables. El reiterado incumplimiento de la orden del máximo Tribunal por parte del secretario de Ambiente de la Nación y presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), Homero Bibiloni, de los intendentes de Lanús y Lomas de Zamora, y del director de Vialidad bonaerense, fue multado en 5000 pesos diarios y se intimó en cinco días para iniciar los trabajos.
En este caso, como en otros problemas que presentan una intolerable morosidad por parte de los gobernantes para solucionarlos, ha debido actuar la Corte a solicitud de los pobladores perjudicados. La cloaca abierta del Riachuelo, como la contaminación del Río de la Plata, de los acuíferos subterráneos del área metropolitana, donde más de la cuarta parte de la población extrae agua para beber y otros cursos altamente contaminados, no llaman la atención a los ambientalistas ni a los políticos. La hipocresía ecológica solo mira a las mineras, mientras da la espalda a curtiembres, papeleras, a las plantas químicas y al vaciamiento de deshechos peligrosos en medio de la población.