El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, lanzó el miércoles último una campaña contra lo que calificó de ‘epidemia de matanzas’ ejecutada por atacantes solitarios favorecidos por la discrecionalidad en la venta y tenencia de armas que existe en ese país. La decisión del mandatario de firmar 23 decretos con medidas de gobierno que no necesitan la intervención legislativa y para su cumplimiento inmediato, más el pedido al Congreso para que reinstaure la prohibición de vender a particulares armas de asalto y de cargadores de alta capacidad, como los que utilizó el ejecutor de la masacre en la escuela de Newtown, Connecticut, es el esfuerzo más importante de un gobierno estadounidense, en los últimos 20 años para controlar, restringir y moderar la gigantesca capacidad de armamento en manos de civiles.
Obama, respetuoso de las leyes como las que derivan de la Constitución que otorga al ciudadano el derecho de armarse para la defensa personal y del país, ha sido ante todo pragmático frente a una lógica: ‘ya no puede esperarse más’. Y los hechos le dan la razón. Pero el presidente es consciente de que no hay norma que por sí misma garantice que no vaya a haber más muertes a causa de los actos de violencia sin sentido, como advirtió, pero, aún así, está dispuesto a intentarlo. No será una tarea fácil, porque enfrenta a grupos de presión política, social y económica que se amparan en garantías constitucionales y que ya han reaccionado contra Obama. En particular la poderosa Asociación Nacional del Rifle, que además de ampararse en la legalidad histórica y principios culturales, es parte de la poderosa industria armamentista y de la comercialización doméstica.