El Gobierno nacional ha convocado a sesiones legislativas extraordinarias para el tratamiento, durante febrero, del proyecto de disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) y, en su reemplazo, la creación de una Agencia Federal de Inteligencia, según lo anunciado por la presidenta Cristina Fernández. La apresurada decisión de desmantelar el aparato estatal de inteligencia es una de las consecuencias del conmocionante caso de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, luego de haber acusado a la jefa de Estado de encubrir a los autores del trágico atentado a la AMIA, involucrando a un sector del espionaje en un supuesto asesinato.

Los servicios de inteligencia argentinos han sido históricamente acusados de estar al margen de la legalidad y de operar en las sombras con total independencia, una impunidad que diferentes gobiernos consintieron porque el sistema les permitía espiar a sectores que no comulgaban con sus ideas y posiciones políticas. La coyuntura actual la marca la impactante desaparición de Nisman y un Gobierno que observa con temor al espionaje descarrilado por la puja interna de los servicios, que se transforma en una real amenaza en el precario equilibrio institucional.

La trama es compleja. La inteligencia viene operando con demasiada autonomía, pese a que debe reportar formalmente al presidente de la Nación sobre situaciones que podrían erosionar la seguridad del país, pero durante décadas ha hecho de sus escuchas telefónicas la principal arma para presionar y extorsionar a políticos, sindicalistas, periodistas y empresarios.

En este contexto muchos opositores sostienen que el Ejecutivo usó a los servicios para espiar a sus adversarios, dándoles un poder que habrían terminado usando contra el propio Gobierno. Más grave todavía es la acusación del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que los involucra en el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas.

Según el proyecto de ley, la nueva AFI retendrá prácticamente las mismas funciones de la actual SI y, también a todo el personal, unos 3.000 agentes, difíciles de disciplinar por el desmesurado poder conferido. Nada parece cambiar más allá del nuevo nombre y de una dirección con rango ministerial. Si existe una auténtica vocación de cambio será necesario depurar la planta funcional para que queden los agentes más aptos y, fundamentalmente, los más honestos de manera que el desempeño sea acompañado por la ética y la responsabilidad profesional.