Tras el cierre de la operación del canje de la deuda, y la elevada aceptación de los tenedores de bonos que mantenían una conflictiva relación con la Argentina, nuestro país ha dado pasos firmes hacia la normalización de las relaciones interrumpidas con los mercados financieros internacionales, tras la caída en la cesación de pagos.
Precisamente, la salida del default resulta trascendente como medida política, al dar el Poder Ejecutivo una giro de 180 grados sobre la posición sustentada por el gobierno de Néstor Kirchner en 2005, de cerrar definitivamente los arreglos con los deudores y con ello quedar marginado de las fuentes crediticias de los organismos multilaterales.
Si bien se valora el nuevo encauzamiento de nuestra economía, todavía están pendientes de resolver algunos inconvenientes para que se libere al país de los escollos observados por las calificadoras internacionales, para mejorar la nota argentina. Es decir, una sola operación no alcanza para que se pueda reconsiderar la calificación de confianza para una nación que carece de diversidad de fuentes de financiamiento disponibles en cualquier momento, como las tienen los países con sus cuentas en orden. Existen situaciones problemáticas, muchas veces con anuncios de solución, como es la deuda con el Club de París, que traba el retorno argentino al Fondo Monetario Internacional (FMI), el organismo permanentemente denostado por el matrimonio Kirchner, porque para otorgar un desembolso exige monitoreos periódicos y análisis de las metas de la economía. Se trata de las revisiones del artículo cuarto del estatuto del FMI, que aceptan como una rutina más de 180 países miembros. Sin este monitoreo puntual y sin renegociar con el Club de París, se torna insostenible la permanencia argentina no sólo en el FMI, sino en el G-20, el privilegiado grupo de naciones desarrolladas y emergentes.
Claro, para tener mejores notas debe revertirse la credibilidad estadística y, en especial, del índice de inflación oficial, por el cual se emitía deuda mediante bonos atados a la inflación, entre otras medidas financieras. El capital indexado por los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la realidad inflacionaria, provocaron el escándalo y el desprestigio del organismo al promover una subestimación del costo de vida que ni el propio oficialismo cree.
Estos errores deben ser solucionados de inmediato, para que lo avanzado con la regularización del 92,4% de la deuda en default no se licúe en entre indecisiones políticas y planteos ideológicos.