En Nicaragua, desde 2018, ya son 740 ataques entre, agresiones, secuestros, detenciones arbitrarias y expulsiones del país. El presidente Daniel Ortega y su esposa, vicepresidente, se declaran católicos, pero han tenido como objetivo a obispos, sacerdotes y universidades religiosas por criticar al régimen. En las últimas dos semanas, cada dieciocho horas, un agente de pastoral terminó en una celda. La cacería de la Navidad Negra, como la apodaron, comenzó el 20 de diciembre con la detención del obispo de Siuna, Isidoro del Carmen Mora, capturado junto a dos seminaristas, por haber mencionado en una homilía a su hermano Rolando Álvarez, quien cumple una condena de 26 años por "traición a la patria”. En los días siguientes fue el turno de dieciséis sacerdotes más.
Una lista incompleta
Varios fieles han denunciado la sospechosa suspensión de las celebraciones en algunas parroquias, donde los sacerdotes aparentemente "no están disponibles”. Un escenario que suscita "fuerte preocupación”, afirmó el Papa Francisco en el primer Ángelus de 2024. La escalada no tiene precedentes.
La Navidad Negra, sin embargo, es parte de una represión sistemática a la Iglesia por parte del presidente Ortega. Una paradoja en una nación donde al menos el 45 por ciento de la población se identifica con la religión católica. Esto no le ha impedido lanzar, en los últimos tres años, un ataque sin precedentes contra sacerdotes, creyentes, obispos, órdenes religiosas y entidades eclesiales de diversos tipos.
La razón de la contradicción reside en la naturaleza de la campaña anticlerical. Lo que lo alimenta no es la oposición al contenido religioso per se. Más bien, el rechazo de sus repercusiones en el contexto público.
Ataques a la Iglesia
La Iglesia es atacada como último espacio de autonomía en la asfixiada sociedad nicaragüense. Una libertad de expresión y de acción hacia las víctimas de la opresión a la que no puede renunciar para complacer a quienes están en el poder. No por obstinación o partidismo. Esta es la consecuencia de la fidelidad al Evangelio que exige a los católicos perseguir la justicia del Reino. En esto, el martirio de la Iglesia de Managua recuerda al de su hermana salvadoreña en los años setenta y ochenta, cuando fueron masacrados decenas de sacerdotes, religiosos y religiosas, así como cientos de catequistas y laicos comprometidos.
El caso más conocido es sin duda el de Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado de un balazo mientras celebraba misa el 24 de marzo de 1980. El tirador era un sicario a sueldo de la organización anticomunista que gobernó el país. El reconocimiento de su martirio por el Papa Francisco el 3 de febrero de 2015 disipó las dudas. Proclamado beato el 23 de mayo siguiente, fue canonizado el 14 de octubre de 2018.
"El martirio de Monseñor Romero es el cumplimiento de una fe vivida en plenitud -explicó el postulador, monseñor Vincenzo Paglia-. Esa fe que emerge con fuerza en los textos del Concilio Vaticano II. En este sentido, podemos decir que Romero es el primer mártir del Concilio, el primer testigo de una Iglesia que se mezcla con la historia del pueblo con quien vivir la esperanza del Reino. Una esperanza de justicia, de amor, de paz”. Un espíritu similar mueve a la Iglesia nicaragüense.
Punto de inflexión
El punto de inflexión, en este caso fue el 18 de abril de 2018. Ese día, la protesta provocada por la reforma del sistema de pensiones se convirtió en una revuelta desarmada contra el gobierno. Durante más de dos meses, miles y miles de personas salieron a las calles con el objetivo de exigir la dimisión de quien, en 1979, había sido uno de los protagonistas de la caída de la brutal dictadura del clan Somoza. Quien derrotó al régimen fue el Sandinismo, un movimiento de listas nacionalsocialistas que, en la década siguiente marcada por la guerra de guerrillas antisandinista, financiada por Estados Unidos, dirigió el Estado bajo la presidencia de Ortega hasta la derrota de los años 1990.
Hasta el momento, Ortega ha despojado de la nación a 14 sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y dos obispos, Silvio Báez y Rolando Álvarez. Ochenta y tres monjas de diferentes órdenes y congregaciones y 70 sacerdotes fueron enviados al exilio. Los últimos doce, detenidos por diversos cargos, fueron expulsados el 19 de octubre y enviados al Vaticano, que aceptó acogerlos. Se congelaron las cuentas de la Iglesia, se confiscaron cuatro universidades y dos colegios, se cerraron 15 emisoras y 11 proyectos sociales. Quiera la Providencia poner su Mano y convertir corazones hacia la justicia y paz.
Por Pbro. Dr. José Juan García