¿Qué duda cabe que la gran demanda de la sociedad es la ética? ¿Qué incluye a todas las demás? No me refiero a la ética social, cuyo objeto es el establecimiento de las normas que rigen la conducta del individuo dentro de la sociedad, tanto en la relación con otras personas, como con las instituciones, sino a la ética pública. Aquella que los argentinos venimos reclamando infructuosamente. Se han hecho esfuerzos como para acallar la indignación ciudadana, pero nada más.
La reforma de la Constitución de 1994 introdujo la obligatoriedad del Congreso de sancionar una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.
Como el grado de efervescencia social crecía peligrosamente, la ley fue sancionada el 29 de septiembre de 1999 (durante la presidencia de Carlos Menem) y promulgada rápidamente el 26 de octubre del mismo año. Dicha ley ordena la formación de una Comisión Nacional de Ética Pública en el ámbito del Congreso de la Nación
Sin embargo, como en nuestro país el cumplimiento efectivo de las normas no está contemplado en el sistema de normas morales en que se funda el comportamiento humano, hasta hoy, que yo tenga noticias, dicha comisión no ha sido creada. Y por lo tanto la corrupción sigue ”vivita y coleando”.
Todavía impera la viveza criolla reflejada, en las chicanas judiciales, el sálvese quien pueda, y la culpa la tuvo el otro. Estas prácticas, son parte del manual de usos y costumbres ”made in Argentina”.
¿No era que se iba a reemplazar la vieja política por una más democrática y transparente? ¿Se acuerdan de las promesas de los políticos que sobrevivieron a la expresión de anhelos: ”que se vaya todos”? Todavía estamos esperando que se castigue a los culpables de los sobornos del senado, algunos de los cuales siguen en la función pública a sabiendas de la escasa memoria ciudadana y a la impunidad imperante
Ahora, como se acerca octubre año en que debemos renovar autoridades legislativas, no el voto de confianza a nuestros gobernantes, vuelve a hablarse de aquel sonado soborno.
Sabemos que la ética no se impone por leyes ni decretos, por sus raíces formales y no reales, pero su cumplimiento depende de nosotros los ciudadanos.
La ética pública es imprescindible para erradicar la corrupción estructural que continua barriendo los principios republicanos heredados de nuestros mayores.
Si se aplicara, por ejemplo, el artículo 5º de esta ley, referido al régimen de declaraciones juradas de los funcionarios, que deben rendir cuenta de sus patrimonios, estaríamos socavando los cimientos de la corrupción.
Por otra parte, en el Consejo de la Magistratura el debate acerca de si los jueces debían o no exhibir públicamente sus declaraciones juradas ha quedado en agua de borrajas. Es decir, que esta obligación que es un imperativo de ley, se encuentra al arbitrio de los funcionarios de turno; toda una evidencia de la coronita que ostentan nuestros jueces.
La ética es un proceso de aprendizaje social que requiere de una política educativa de la cual carecemos. Opino que es el punto de partida para promover el tan ansiado cambio social. Por eso es que no es descabellado pensar que la Filosofía, si bien es una disciplina científica cuyos principios requieren cierta madurez, debe incluirse como una asignatura escolar más. La ciudadanía, la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad y el respeto, son valores que los chicos deben aprehender en la más temprana edad.
(*) Licenciado en periodismo y dirigente Vecinal.