El resarcimiento social que establece la Justicia cuando aplica sanciones económicas cuyos montos tienen un efecto disuasivo ante la gravedad de un delito (al margen de la condena de prisión que le pudiera caber al autor), tiene características insólitas en los casos de narcotráfico, incluso cuando las leyes contemplen sanciones severas.
Es que de acuerdo a los casos que se conocen, transportar drogas por ejemplo, parece un buen negocio, ya que al ser una parte de la cadena de comercialización de estupefacientes no supone, en líneas generales, penas demasiado severas cuando se detiene a los traficantes. Tal vez el caso más emblemático se conoció a principios de este mes en Mar del Plata, donde un traficante fue condenado a cuatro años de prisión y una multa irrisoria de 11 pesos, que ni siquiera la pagó. Por eso un tribunal marplatense declaró la prescripción de la causa debido a que resultaba más costoso proseguir las actuaciones.
Es decir, el fiscal y la Cámara aceptaron la prescripción de la multa dado que de continuar el proceso en busca de cobrar esa deuda hubiese ocasionado más gastos en papeleo y en movimiento de personal que el valor del monto reclamado por el Estado. Pero esto tampoco debe llamar la atención como un caso de Ripley, ya que la ley 23.737 establece una escala monetaria de penas que van de 225 a 18.500 pesos y de acuerdo a una investigación periodística el relevamiento de expedientes permite verificar que los magistrados se inclinan por multas menores.
El caso marplatense no tiene demasiados antecedentes en sentencias por transporte de drogas, pero pueden encontrarse varias causas resueltas con multas de 500 pesos por acopio de cocaína, por ejemplo. En otro hecho similar, ocurrido en Mendoza, la sanción económica fue de 112 pesos, además de una pena de dos años de prisión en suspenso, lo que viene a confirmar que en este punto de la distribución, el narcotráfico acrecienta más su negocio.
Esas decisiones judiciales chocan con la expectativa social de una lucha más directa contra el narcotráfico y el narcomenudeo, y por ello la necesidad de que la Justicia intervenga en forma más contundente o con sentido común, de manera que no sea otra burla a la ciudadanía y, peor aún, una forma indirecta que contribuye a mantener un estado de impunidad para los narcos.