Parecido pero no tanto al caso del Indec, a la minería la anda haciendo falta un baño de legitimidad.
Al menos, en la dimensión nacional. En San Juan, la gente parece haber soldado el carro a la locomotora minera, a fuerza de las evidencias: una fuerte actividad económica, en contraste con la ausencia evidente de casos ambientales que generen alarma, a casi 4 años de explotación de la mina Veladero que fue el pasaporte de ingreso provincial a la minería de gran escala.
Lo revelaron las últimas elecciones, para los que pregonan la obligación de leer correctamente los resultados de la manifestación ciudadana: un gobierno identificado de pies y manos con la minería obtuvo más de 56% sin participar con lo mejor que tiene (¿cuánto hubiera sacado si el candidato fuera Gioja?), el podio fue completado por otra fuerza a favor de la actividad (Ibarra) y otra oscilante (Colombo), mientras las agrupaciones antimineras no superaron el 3%.
Pero hay un plano que está por encima de todo eso y que la actividad aún no consigue perforar. Como el país aparece diseñado en los papeles con formato federal pero con el alma unitaria, el nudo gordeano de las decisiones políticas y mediáticas no consigue asimilar que el país es bastante más que el cultivo de soja. Y lo que no comprende, no existe.
Es así como el peso de la opinión pública orientada desde los grandes medios nacionales y fogoneada desde los gigantescos aparatos partidarios se ha convertido en el gran objetivo de la minería en busca de su subsistencia: explicar en Buenos Aires y en directo a todo el país cómo una comunidad alejada se las puede arreglar con su superficie bordada de montañas.
Pero resulta que las grandes corporaciones mineras terminan siendo el fantasma ideológico de la expoliación como no lo son los grandes pooles sojeros, o que la evidente contaminación natural de toda actividad industrial aparece fotografiada en las Caterpillar del Valle del Cura y el cianuro de su circuito industrial, mucho más que en las chimeneas del condón industrial bonaerense que también usa cianuro o en la vergüenza del Riachuelo: ¿para cuidar el río que separa Capital de Provincia habría que cerrar todas las fábricas de alrededor, o alcanza con controlar que no tiren sus desperdicios al cauce como hicieron por décadas?
Suena impiadoso para todos los que trabajan en las petroleras o frigoríficos de Avellaneda y alrededores, pero es la misma pregunta que pende del cuello de los sanjuaninos que trabajan en la minería: ¿para defender la salud de los ríos que nacen el la cordillera hace falta cerrar la actividad, o alcanza con establecer un control confiable?
Ese dilema entre la actividad económica y la preservación de la naturaleza es algo que moviliza a la humanidad, y que parece haberse saldado con más ligereza desde la metrópoli hacia las provincias lejanas. Desde los poderosos hacia los más débiles: allá se tolera, pero aquí se pide guillotina.
Hace falta entonces un par de cosas en la actividad que le ofrezcan esa legitimidad. Primero, una irremediable peregrinación hacia donde se cocinan aquellas decisiones de la mano de una comunicación eficiente, como lo han pedido en estos días desde todos lados. Segundo, un buen árbitro.
Esto último es lo que lo emparenta con el caso del Indec citado al inicio del comentario. Igual que con el ente de las estadísticas oficiales, cuando lo que hace falta obtener credibilidad no hay nada mejor que un pronunciamiento científico. Y en el debate sobre la minería, sobran formulaciones políticas y apreciaciones sueltas, pero falta respaldo académico.
Lo dejó bien claro el debate actual de la Universidad Nacional, donde se produce una increíble pulseada por aceptar o rechazar unos fondos provenientes de la mina Bajo La Alumbrera, por más de un millón de pesos. Como si fuera de la mafia, hay un sector que se opone y entre sus argumentos cita el contenido del programa La Liga.
A favor y en contra, la demanda del momento parece ser la del soporte técnico. Y neutral. Ya no es suficiente que se expidan el gobierno o las empresas del sector, bajo riesgo de ser considerados enfoques interesados. No sería malo, entonces, que un equipo de especialistas de las mejores universidades del país y si es posible del exterior, emitan un dictamen. Y que la convocatoria surgiera del Congreso y presentada por los 9 legisladores nacionales de San Juan.
Es, además, una forma de convocar al debate que hace falta y desarrollar allí esa nueva estrategia de comunicación. De lo contrario, se lo seguirá encontrando demasiado solo al gobernador Gioja peregrinando por los estudios de los canales y con un mapita de San Juan mostrando la geografía. No hay legisladores, funcionarios -nacionales o provinciales- o empresarios, por ahora, que lo escolten. Esta semana, el medio especializado Minning Press definió a Gioja con precisión: el llanero solitario.
Hizo bien Gioja en pedir esta semana a la gente que salga a defender la actividad. De lo contrario, el riesgo es que la minería tenga fecha de vencimiento fijada para el día que concluya su mandato, como temen muchos en el sector empresario.
Para que no ocurra, la comunicación que se reclama desde todos lados debe comenzar por la vía política-empresaria. Como un compromiso de las fuerzas más importantes de no utilizar a la minería como herramienta de desgaste porque de eso depende ni más ni menos que el empleo de ciento de miles de sanjuaninos. O que, como ocurre en Chile, la industria nacional la asuma como una actividad gravitante y la ubique entre sus ocupaciones y preocupaciones que tanto molestan al poder cuando quieren.
Habrá que dar, también, el debate ideológico. Que no es una descalificación, sino una bendición. Y que arroja más soluciones que complicaciones a la minería, especialmente en aquellas tensiones entre la actividad económica y la protección ambiental.
Es que hasta los gobiernos considerados más progresistas del mundo han decidido prestar especial atención a la generación de empleo por sobre todas las cosas, aún si hay roces con el medio ambiente y siempre que no comentan alguna salvajada. Se puede defender a los dos: el empleo y evitar daños.
Barack Obama y su resistencia a reducir los gases de efecto invernadero, es un ejemplo. Pero los casos más cercanos son los de la región. Chile tiene una presidenta del ala de centroizquierda como Michelle Bachelet a quien ni se le ocurriría cuestionar a la minería, la principal actividad económica del país. Tiene grandes corporaciones -Pascua-Lama explotará más mineral de Chile que de Argentina- y también una fuerte actividad estatal.
¿Irá a decir Pino Solanas que Tabaré Vázquez es un político despiadado y entregado a los salvajes capitales internacionales que depredan el ambiente? ¿O de Pepe Mujica, ex tupamaro y firme candidato a sucederlo? Pues bien, ambos defienden hasta con las uñas a la pastera Botnia, finlandesa y puesta contra la pared por los argentinos que ponemos calcomanías en los autos pidiéndole que se vayan bajo difuso argumento de contaminación. Ah, Tabaré es el primer presidente de izquierda de Uruguay.