Pese a la posición asumida por Mendoza en relación a la minería, el gobierno avanza en la conformación de la Agencia de Protección Ambiental Mendoza, un organismo que se encargará de evaluar, planificar y controlar el agua, suelo y aire, para garantizar el desarrollo sustentable de futuros proyectos mineros.
La ley respectiva contempla las principales características de la citada Agencia y la integración de su directorio, uno de los aspectos más difíciles de consensuar en el Senado provincial, encargado de dar el acuerdo al funcionario que asumirá esa responsabilidad.
Ante la expectativa generada por dos proyectos mineros en Malargüe y la posibilidad de reflotar el yacimiento San Jorge, en Uspallata las autoridades mendocinas se apresuran a poner en funcionamiento la Agencia, al considerarla una herramienta de alto nivel profesional y tecnológico, con el control de la Policía Ambiental y una red integrada por municipios, universidades, científicos y la comunidad, para llevar tranquilidad a las posibles inversiones que están intentando hacer pie en la provincia o las que lleguen en el futuro.
Sin una política minera que contemple, fundamentalmente, los sistemas de control que rigen a esta actividad y la sistemática negativa a dar lugar a diferentes proyectos, ha hecho que Mendoza no esté en la misma sintonía que San Juan, donde la actividad ha dado muestras de ser un importante motor del desarrollo económico, pese a los problemas que le ha tocado atravesar en los últimos tiempos.
Con la Agencia, Mendoza busca un cambio de rumbo para subsanar un error estratégico que le ha costado perder posicionamiento como líder de la región.