La reciente "XLII Cumbre del Mercosur”, celebrada en Mendoza y encabezada por los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay, deparó entre otras cosas la suspensión temporaria de Paraguay de los órganos del bloque hasta que se realicen allí elecciones presidenciales, y el anuncio de la incorporación de Venezuela como socio pleno al Mercosur que se concretará en una reunión especial a celebrarse el próximo 31 de julio en Río de Janeiro.
La destitución del hoy ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo, tiene la forma y la textura de un golpe institucional. Más allá de que las causales de separación del cargo del primer mandatario puedan ser ciertas y graves, el procedimiento "express” utilizado y el plazo tan surrealista como jurídicamente minimalista para que se "defienda” (dos horas), suenan más a parodia que a un verdadero enjuiciamiento político, que debe respetar cabalmente las garantías constitucionales. Esa afrenta a la democracia pareciera haber dado suficiente plafón a los Jefes de Estado de los otros tres países que componen el Mercosur para que, empleando un escrutinio exigente de los parámetros democráticos, hayan dispuesto aplazar a Paraguay hasta tanto ese escenario se recomponga constitucionalmente.
Hasta aquí la decisión se muestra, a simple vista, razonable y quedaría en línea con la "cláusula democrática” plasmada en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, suscripto el 24 de julio de 1998 por los cuatro Estados fundadores además de Chile y Bolivia y la adhesión, en 2005, de Venezuela y Perú, y en 2007 de Ecuador. En su art. 1 reconoce que "la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración”, además de puntualizar que "toda alteración o ruptura del orden democrático constituye un obstáculo inaceptable para la continuidad de ese proceso”.
Pero de repente, la arquitectura lógica y coherente del razonamiento tambalea, con el anuncio del inminente ingreso de Venezuela al Mercosur, medida adoptada casualmente durante la "ausencia por suspensión” de Paraguay, paradójicamente (o no tanto) el único Estado del bloque cuyo Congreso ha sido sistemáticamente reacio a aprobar la incorporación del país caribeño. Vale recordar que el 4 de julio de 2006 se firmó en Caracas el Protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur, ratificado por Argentina, Brasil y Uruguay, aunque con la citada renuencia paraguaya.
Para sellar el acceso de Venezuela no parece que se hubiera activado con similares rigor y celo el recaudo "democrático” que aceptablemente se utilizó para ponderar el caso paraguayo. La cuestión es por cierto sintomática ya que la fuerte impronta autoritaria y hegemónica que el gobierno de aquel país imprime a su gestión contradice frontalmente los requerimientos democráticos, salvo que por democracia se entienda sólo el hecho de votar periódicamente, es decir, se la reduzca a un mero ejercicio electoral, lo que obviamente no sería correcto. Además, Venezuela exhibe una clara imagen de desinstitucionalización, falta de independencia del poder judicial, persecución a periodistas, cierre de medios de comunicación -entre otros derechos fundamentales-, persecución ideológica, desobediencia a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el liderazgo de un proceso (junto a Ecuador, Bolivia y Nicaragua) para desarticular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora bien, si los procesos de integración como el Mercosur, sólo se miden por el aspecto fríamente económico, tal vez Venezuela (a partir del petróleo con que cuenta) tenga algo que aportar. Pero si, como al menos personalmente entiendo, aquéllos deben pugnar por conjugar eficiencia técnica con democracia y procurar una modulación de las relaciones que genera la tensión mercado, por una parte, y democracia y derechos humanos, por la otra, el déficit jurídico, institucional y axiológico que puede suponer el ingreso de aquel país es ostensible.
Democracia y derechos humanos son pre-requisitos para la progresiva y sólida edificación de un espacio regional integrado como el que se pretende (al menos discursivamente) para el Mercosur, funcionando aquéllos como sustentáculos primordiales de su validez y recaudos insalvables para el ingreso y/o la permanencia de los Estados en dicha estructura integracional.
Aunque los mensajes oficiales verbalicen lo contrario, tengo la impresión de que quienes han moldeado las soluciones adoptadas respecto de Paraguay y Venezuela trasuntan un doble estándar en materia de democracia, omitiendo tal vez tomar en consideración que un verdadero proyecto de integración que resulte dinamizador del desarrollo en el Cono Sur debe estar jurídica y éticamente legitimado y no puede instrumentarse a cualquier costo, porque "el fin no justifica los medios”.