En el anteproyecto de la Ley de Presupuesto 2017, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, ha sorprendido la reducción de los recursos para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con un achicamiento de más de 1140 millones de pesos, lo que pone en riesgo la continuidad de las líneas de investigación de un organismo clave para el desarrollo del campo. Es más, los menores ingresos afectarían el cumplimiento de los compromisos institucionales del organismo.

Vale recordar que oportunamente el INTA elevó ante las autoridades ministeriales un presupuesto de 6.300.000.000 de pesos, que el Ministerio lo reformuló en $5.700.000.000 y después el Ejecutivo lo volvió a reducir a 5.112.000.000 de pesos, cifra final de la propuesta enviada a la Cámara de Diputados. A ello se le suma un recorte de 218.000.000 de pesos en la partida destinada a sueldos y la pérdida de la autarquía en la incorporación de recursos humanos, facultad que pasaría a la Jefatura de Gabinete, lo que pone en duda el ingreso de 340 becarios.

Pero también la amenaza es funcional porque el manejo de personal y recursos humanos pasaría a depender de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Modernización, erosionando la autarquía del INTA para mantener la transparencia y agilidad de los concursos para acceder a las diferentes funciones que realiza anualmente.

El problema ha sido planteado por el gremio que agrupa al personal, pero también repercute en el sector empresario. La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa ha señalado que tal recorte de fondos traería aparejado consecuencias negativas en el trabajo que realiza el INTA para la innovación tecnológica de insumos y procesos para el área agroindustrial, agroalimentario y forestal.

Esta entidad, que desde décadas lidera en la transformación productiva de la agricultura argentina, reclama cuidar el trabajo desarrollado por el INTA a través de de sus investigadores de alto nivel y especialización para convertir al país en el ‘supermercado del mundo”, como dice el presidente Mauricio Macri. También se debe señalar que por una ley de 2002, el organismo se sostiene con el 0,5% del valor CIF de las importaciones, o sea puede autofinanciarse si se dan las condiciones para ello.

Lo importante es que los legisladores valoren a los 7.300 agentes, 74 estaciones experimentales y 400 agencias de extensión que trabajan desde Jujuy a Tierra del Fuego.