Las revelaciones de las investigaciones periodísticas sobre los resonantes casos de corrupción del kirchnerismo, que se documentan casi a diario en los medios, tienen la condena pública inmediata ante las pruebas irrefutables que se muestran con efecto multiplicador en las redes sociales. Este panorama es diametralmente opuesto al de la Justicia, porque los procesos tribunalicios son excesivamente lentos por la complejidad del trámite rutinario que potencian la morosidad y más todavía si son casos resonantes que involucran a figuras públicas, desde presidentes, funcionarios y políticos, a firmas multinacionales o personajes mediáticos.
Un estudio del Observatorio de Corrupción de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, recientemente publicado, ha determinado que sólo 7 de 63 grandes causas de corrupción investigadas judicialmente en las dos últimas décadas, han terminado en condenas. Son las que involucran a Carlos Menem, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Domingo Cavallo, Felisa Miceli y María Julia Alsogaray. El resto de los casos de corrupción tuvieron excarcelaciones o se eludieron las condenas mediante fueros parlamentarios, como el ex presidente en el tráfico de armas y pago de sobresueldos.
Pero estos hechos cerrados son apenas una excepción, porque en nuestra historia reciente apenas superan el 10% de las investigaciones que se instruyen en los tribunales federales de Comodoro Py. Las sentencias son, en promedio, por cinco años de prisión, como sucedió en la investigación por las dádivas que recibió Jaime. Aún así, el exsecretario de Transporte tuvo un atípico tratamiento de celeridad, ante la presión de la opinión pública. Otros grandes escándalos pueden sufrir demoras de hasta de 18 años -el 75% de los casos más resonantes todavía siguen en trámite- y sólo el 15% de las investigaciones llegó a juicio oral.
También hay idas y vuelta, como en el pago de sobornos de la empresa Skanska, el primer gran escándalo del kirchnerismo, cuyo expediente lleva más de una década en trámite. Esta causa fue cerrada en 2011, con el sobreseimiento del exministro Julio De Vido, pero ya sin el amparo oficial, fue reabierta en abril pasado por la Cámara de Casación. Con estos antecedentes cabe el interrogante de cuánto habrá que esperar para que las megacausas contra la presidenta y funcionarios de primer nivel del gobierno anterior alcancen condenas por el saqueo al Estado instrumentado mediante una supuesta asociación ilícita.