A pesar del crecimiento económico, la ampliación del consumo y la proliferación de políticas sociales en los últimos años, el problema de la inseguridad, lejos de mejorar se agrava, según revela la encuesta de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). El delito pasó a afectar de tres, a casi cuatro de cada diez porteños entre 2010 y 2011, y se mantuvo en niveles cercanos al 27% en el conurbano bonaerense. Además afectó a todos los distritos provinciales analizados de manera similar, señala el estudio.

En nuestra provincia, en varios departamentos, los ciudadanos se quejan de esta realidad buscado incluso presentar el problema a algunos intendentes. La mal llamada "sensación" de inseguridad no discrimina, según las características personales, económicas ni socio-residenciales de las personas, ya que es generalizada y afecta la calidad de vida de la población convirtiéndose este aspecto del problema de la inseguridad en un problema en sí mismo.

Vista esta realidad, cada vez más personas acuden a la seguridad privada, al punto que tanto la física como electrónica, creció un 20% en el último año. Impulsan ese fuerte incremento los sistemas de alarma y videovigilancia. Según cifras de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (Casel), ese segmento registra un crecimiento del 31,7% en 2012 con respecto al año pasado. En la Argentina, se estima que hay casi unos 150.000 efectivos de seguridad privada. La cifra era de 110.000 en 2010.

Tal vez alguien pueda entender que estas cuestiones son producto de alguna paranoia real o figurada, pero lo real es que los hechos vandálicos violentos y la inseguridad son una penosa constante en la vida ciudadana. En una estimación continental, el costo de la inseguridad alcanza a unos dos billones de dólares al año. El Estado no puede deslindar su responsabilidad fundamental de garantizar un derecho básico como el de la seguridad a través de la optimización de los recursos de los organismos correspondientes. Esto significa contar con una fuerza policial bien paga y confiable, una logística adecuada, sistemas de prevención y detección criminal actualizados, y estadísticas reales de fiscalías, juzgados y comisarías, además de las encuestas de victimización, que permiten observar tendencias, patrones, tipos de delitos y horarios.