La disuación y prevención del delito, que promueve el nuevo Plan Integral de Seguridad de San Juan, con la participación activa de los municipios y de los propios vecinos, ha tenido repercusiones favorables en la sociedad ante la necesidad de innovar y hacer más eficiente la lucha contra la inseguridad.
Este accionar coordinado con la Policía contempla la compra del equipamiento adecuado, como 128 patrulleros que se distribuirán entre las 19 municipalidades de nuestra provincia, proporcional a la cantidad de habitantes y con un mínimo de dos unidades por jurisdicción, busca atender las cuadrículas de patrullajes de la zona con una logística innovadora que da lugar también a la participación de los propios vecinos a fin de darle celeridad a los operativos. Esta logística funcionará en forma articulada con el Ministerio de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía de San Juan.
La inversión en equipamiento por más de diez millones de pesos no garantiza que la inseguridad cesará de un día para otro, pero la disuación del delito, mediante una mayor presencia policial, será un escollo importante para los malvivientes o para quienes alteren el orden público. Si a este plan participativo se le suma el moderno armamento pasivo adquirido para la Policía y el Servicio Penitenciario, para prevenir disturbios, aumenta la factibilidad de cumplir con los objetivos de prevención y el porcentaje de prevención se hará sentir con incidencia en la caída del delito.
La inseguridad es un drama nacional, pero también hay que relacionarlo con la cantidad de habitantes, porque la proporcionalidad refleja la preocupación de las autoridades para controlar el flagelo. Un ejemplo cercano es Mendoza, con 53 homicidios y 20.000 robos denunciados en los primeros siete meses del año, cifras por demás alarmantes en relación a la población de una provincia. A esto se suman los reclamos de la gente, incluso manifestados en marchas de protestas, por la ausencia de policías en las calles y la pasividad de la fuerza ante un llamado puntual, lo que manifiesta una falla sistémica en materia de seguridad.
Diferentes sectores mendocinos señalan que ante la demanda de seguridad fallan todos los órganos que deben dar protección a la comunidad, al igual que se señala la ausencia de una estrategia oficial contra la inseguridad y la falta de legislaciones que deben contribuir a la prevención, caso de las excarcelaciones discrecionales.
Es de esperar que en San Juan, el plan participativo comunitario refleje en cifras la tranquilidad que busca la gente ante el auge del delito.
