La modificación del artículo 3ro de la ley 8069, es una plausible iniciativa legislativa que intenta poner al resguardo, de los cientos de accidentes de moto que se registran anualmente en San Juan, a las mujeres embarazadas y a los niños menores de 10 años. Se trata de un paso hacia delante en materia de prevención, aunque no constituye la solución definitiva, ya que ésta dependería de un cambio de actitud de las personas habilitadas a conducir automotores en base a un comportamiento más responsable y a una mayor educación vial.
La nueva norma, que establece multas de entre los 200 o 300 pesos, y la retención del vehículo (motocicletas, ciclomotores y cuatriciclos), sanciona a aquellos conductores que desconociendo el riesgo que implica, se animan a llevar en el rodado a una mujer embarazada o a un niño pequeño, sin percatarse que esos pasajeros poseen características especiales para ser trasladados en un vehículo muy vulnerable en el caso de coalición o caída. El cuerpo de una embarazada, o de un infante, no tienen el mismo comportamiento que el de las personas que sin esas condiciones tienen mayores posibilidades de salir ileso en un choque.
Con la citada ley no se van a acabar las víctimas de los accidentes de motos, pero es un hecho que se va a proteger a un sector muy expuesto, especialmente cuando otros mayores deciden trasladarlos, seguramente, con las mejores intenciones pero sin medir los riesgos. No es una medida contra la gente de más bajos recursos, porque se debe tener en cuenta que los siniestros no hacen distinciones de clases sociales, y que cuando se implementa una medida de este tipo, se lo hace para proteger la vida de los seres humanos, de un valor incalculable.