Mientras el oficialismo y la oposición han iniciado un diálogo para intercambiar ideas en torno a una reforma política estructural, hay una realidad que apremia y sigue sin atenderse.
Un estudio de la Universidad Católica Argentina reveló un fuerte deterioro de la situación social del país. La Encuesta de la Deuda Social mostró que, este año, en medio de una crisis sanitaria, casi la mitad de los hogares dejó de ir al médico o comprar medicamentos, como una forma de reducir los gastos, porque los ingresos no alcanzan. Dice que frente a los aumentos de tarifas, cada vez más gente se convirtió en morosa o, directamente, dejó de pagar los servicios públicos y los impuestos. Además, en épocas de desempleo creciente y aumentos de precios, el 55% de las familias compró menos comida o resignó la calidad de los alimentos.
Para las consultoras privadas y para la Iglesia, la pobreza alcanzó ya al 40% de la población, aunque para el INDEC, apenas es del 15 por ciento. Los estudios privados señalan la línea de pobreza por encima de los $ 1500, pero el INDEC la ubica en los $ 1000. Lo cierto es que el enfriamiento económico y el proceso inflacionario están erosionando los ingresos de muchas familias. Ante esta realidad, el Gobierno persiste, con los cuestionados datos del INDEC, ignorando el deterioro social, sin que la pobreza sea prioritaria en la agenda oficial.
Es imprescindible empezar a delinear las estrategias para superar el retroceso que provoca la incertidumbre de millones de ciudadanos, ante la enorme destrucción de los avances conseguidos en los últimos años.