A juzgar por lo que escuché en entrevistas con presidentes y otros altos funcionarios latinoamericanos en días recientes, el grupo de siete países que han pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) investigar al dictador venezolano Nicolás Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad podría ampliarse muy pronto.
Según me dijeron, varios otros países podrían unirse al grupo muy pronto y fortalecerlo.
Seis de los siete países -Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá- firmaron la petición el 26 de septiembre en las Naciones Unidas en Nueva York. Francia se unió al grupo pocos días después.
Se trató de una petición sin precedentes. Es el primer caso ante la CPI en que países -en lugar de organizaciones de derechos humanos- solicitan una investigación sobre el mandatario de un país miembro.
El presidente de Colombia, Iván Duque, me dijo en una entrevista que los países que firmaron la petición están tratando de sumar otros al grupo.
El canciller de Chile, Roberto Ampuero, me dijo que esta iniciativa está ganando fuerza y que espera que "otros países probablemente se unirán a la petición". Fuentes diplomáticas me dicen que Ecuador y Uruguay están entre ellos, y que el presidente francés Emmanuel Macron está hablando con Alemania, España, Holanda, entre otros países europeos.
La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ya había abierto una investigación preliminar en febrero sobre posibles crímenes contra la humanidad cometidos por Maduro y sus colaboradores. La investigación preliminar se limita a los abusos del régimen de Maduro durante los disturbios antigubernamentales del año pasado, en los que murieron al menos 150 personas.
Los escépticos dicen que es improbable que la CPI haga una acusación formal contra Maduro y otros altos funcionarios venezolanos, y que si eso ocurre podría tardar varios años. Desde su creación en 2002, la CPI sólo ha declarado culpables a cuatro personas, y sólo a dos de ellas por crímenes de lesa humanidad. Actualmente tiene 20 investigaciones formales en curso, ninguna de ellas en América latina.
Si la fiscal de la CPI decide pasar de una investigación preliminar a una formal, podría, en teoría, pedir a los jueces de la CPI que emitan una orden de arresto contra Maduro. Pero los fallos de la CPI pueden ser apelados y los procedimientos son extremadamente lentos, dicen los escépticos.
Como todas las organizaciones internacionales, la CPI no es inmune a las presiones diplomáticas. Una petición sin precedentes realizada por estados "en lugar de grupos de derechos humanos" y respaldada por Canadá, Francia y otros países europeos tendría mucho más peso político que una sola firmada por algunos países de América del Sur.
Por supuesto, nada de esto ayudará de inmediato a los venezolanos que tienen que sobrevivir en medio de una tasa de inflación de un millón por ciento al año y una escasez masiva de alimentos y medicamentos. Pero podría ser un paso muy significativo en los esfuerzos para aislar al régimen de Maduro, producir grietas dentro de su dictadura y ayudar a restaurar la democracia en Venezuela.
Por Andrés Oppenheimer
Columnista de The Miami Herald y Nuevo Herald, Miami, EEUU.