Estados Unidos, Europa y los países latinoamericanos están amenazando con escalar sus sanciones a Venezuela tras el fraude del régimen de ese país en las elecciones para gobernadores del 15 de octubre pasado. Pero lo están haciendo de manera errónea, separadamente, cada uno por su lado.
Yo estuve entre los que, hasta hace poco, creían que las sanciones estadounidenses y europeas deberían limitarse a sanciones personales contra las cuentas bancarias y propiedades en el exterior del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y sus principales asesores. Pero lo que sucedió en las últimas elecciones de Venezuela fue tan escandaloso que está claro que se necesitará más presión internacional para que Maduro permita elecciones libres.
A pesar de una economía colapsada con una tasa de inflación de 1.000% por año, la más alta del mundo, y con encuestas que mostraban que el 80% de la gente quiere la salida de Maduro, el gobernante venezolano afirmó que había ganado el 80% de las gobernaciones del país.
Además de sus trucos habituales como el uso masivo de recursos estatales para respaldar a los candidatos del gobierno, la censura a los medios y la compra de votos a través de programas de distribución de alimentos el régimen de Maduro impidió físicamente que muchas personas en bastiones de la oposición pudieran emitir sus votos.
En las 48 horas previas a las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el régimen, anunció repentinamente que estaba cambiando los lugares de votación para 700.000 votantes. Muchos opositores fueron enviados a los lugares de votación en vecindarios remotos o peligrosos, mientras que a otros nunca se les dijo dónde estarían sus nuevos lugares de votación.
Además, el régimen en el último momento incluyó boletas de votación con nombres de opositores que habían perdido en las elecciones primarias, lo que permitió al CNE anular al menos 90.537 votos de la oposición. Y al menos 350.000 votantes fueron intimidados o impedidos físicamente de votar, dijo la coalición opositora MUD.
Tras la dudosa afirmación de Maduro de que su partido ganó 18 de 23 gobernaciones, y su decisión anterior de no reconocer a la Asamblea Nacional que la oposición había ganado en las elecciones legislativas de 2015, queda claro que por el momento el régimen ha cerrado las vías para una solución electoral.
Hacen falta nuevas sanciones diplomáticas y económicas dirigidas a la élite gobernante de Venezuela para lograr que Maduro permita elecciones libres en 2018, cuando termine su mandato, con autoridades electorales independientes y observadores internacionales creíbles.
Pero el problema es que Estados Unidos, la Unión Europea y los países latinoamericanos no tienen una agenda común con demandas claramente identificadas.
Tras los últimos acontecimientos en Venezuela, y ante la amenaza de una crisis migratoria que podría afectar a toda Latinoamérica, será más necesaria que nunca una estrategia coordinada para ayudar a restaurar la democracia en Venezuela.