Las recientes designaciones de representantes del Estado nacional en directorios de ocho grandes compañías privadas, a través de las acciones que poseían las ex AFJP y heredadas por la Anses, han provocado en los últimos días una creciente preocupación entre los empresarios argentinos, que temen un mayor intervencionismo de la Casa Rosada.
La inquietud convenció a los hombres de negocios de aumentar la frecuencia de las reuniones del Grupo de los 7 (G-7), integrado por representantes de la banca, la industria, el agro y el comercio, cuyos encuentros, tradicionalmente bimestrales, empezarán a concretarse todos los meses. Detrás de esta pretensión estatal de avanzar hacia las actividades del sector privado, no hay una estrategia relacionada con el desarrollo del país, sino tan sólo un proyecto de poder.
Esta tendencia del oficialismo, que ha llegado al extremo de pretender inmiscuirse hasta los más mínimos actos de empresas privadas, no es nueva. Poco tiempo después de su llegada al poder, esta gestión de gobierno comenzó a presionar a los grupos extranjeros que tenían concesiones de empresas de servicios públicos privatizados, para que dejaran su lugar a empresarios locales cercanos al poder político. Luego fue el turno del campo, sector del cual el Gobierno nacional pretendió convertirse en socio en las ganancias, aunque no en las pérdidas.
Más tarde, el oficialismo impulsó y logró que el Congreso sancionara una reforma previsional que terminó con la desaparición de las AFJP, cuyos fondos administrados pasaron al Estado. En ese momento, varios funcionarios se adelantaron en afirmar que el Poder Ejecutivo no quería tener participación en las empresas privadas en las cuales la Anses poseía acciones recibidas de las ex administradoras de fondos previsionales. Sin embargo ya son ocho las empresas en las que el Estado nacional ha nombrado directores en representación de la Anses.
Pareciera que la amenaza intervencionista no termina ahí, ya que en la última semana de abril algunos miembros del Gobierno, de modo elíptico, sugirieron que podría nacionalizarse una empresa siderúrgica del grupo Techint. Casi al mismo tiempo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó a los bancos por estar "sentados sobre la liquidez" y anunció que "si las entidades bancarias no otorgan créditos, el Estado va a intervenir".
Puede ser que el Gobierno esté demasiado preocupado por generar ingresos para financiarse ante la brusca disminución de la recaudación tributaria. El apremio de caja lleva a generar estos abusos preocupantes.