La igualdad entre los géneros y la ponderación de la mujer están ganando terreno en todo el mundo. Sin embargo, la violencia hacia ella fue noticia permanente en Argentina durante 2011, con un saldo alarmante de 282 muertes; es decir, femicidios vinculados con mujeres y niñas, según recientes datos del Observatorio Adriana Marisel Zambrano, de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.
Este organismo nació hace tres años en homenaje a esa mujer de 28 años, asesinada a golpes por su ex pareja, Manuel Alejandro Zerda, en Palpalá, Jujuy. El juez entendió que la mató sin intención y lo condenó a tan sólo cinco años de prisión por homicidio preterintencional. Es el caso de una víctima convertida otra vez en víctima. El 25% de las argentinas es hoy víctima de violencia y el 50% podría sufrirla en algún momento de su vida. El lugar más inseguro pasó a ser hoy la casa y, entre los vínculos, los más cercanos, íntimos, familiares, según datos de esa asociación. De la totalidad de casos de 2011, 106 fueron asesinadas por esposos, parejas, novios y 58 por sus ex compañeros.
La violencia contra mujeres y el femicidio no discriminan condición social. Destruyen más que una vida. Dañan profundamente el tejido social, fracturan familias y comunidades enteras. No basta con tener una buena ley. Disminuir la brecha entre el reconocimiento formal de los derechos y su aplicación es una de las grandes tareas por hacer. Si bien en 2009 fue promulgada la ley 26485 de violencia de género, aún queda mucho por hacer para que pueda ser aplicada. Desde la Corte Suprema de Justicia, la Oficina de la Mujer, que depende de la jueza Carmen Argibay, fue creada por y para el cumplimiento y coordinación de esa misma ley. Entre sus actividades brinda jornadas de capacitación para introducir la perspectiva de género a funcionarios del Poder Judicial, fuerzas de seguridad y otras instituciones.
Igual de importante es la obtención de un presupuesto que permita construir una estructura completa a nivel nacional, que incluya refugios, asistencia psicológica, jurídica y recursos para volver a insertarse en el ámbito laboral. Las asociaciones abocadas a la lucha contra la violencia de género insisten en que aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, incorporar el femicidio como una figura penal autónoma, lo que implicaría penas más duras. Y una pérdida automática y definitiva de la Patria Potestad del femicida, pero no así de sus obligaciones alimentarias.