La mayoría de los países que negocian una revisión mundial de los impuestos a las multinacionales respaldó los planes de nuevas normas sobre dónde tributan las empresas y un tasa tributaria global de al menos un 15%, según un anuncio del jueves tras dos días de conversaciones.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que tiene su sede en París y acoge las conversaciones, dijo que un impuesto mínimo global a la renta de las empresas de al menos el 15% podría generar unos 150.000 millones de dólares anuales más de ingresos fiscales en el mundo. La OCDE dijo que 130 países, que representan más del 90% del PBI mundial, habían respaldado el acuerdo.
"Con el impuesto mínimo global en vigor, las multinacionales ya no podrán enfrentar a los países en un intento por reducir las tasas impositivas”, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un comunicado.
"Ya no podrán evitar pagar su parte justa ocultando las ganancias generadas en Estados Unidos, o en cualquier otro país, en jurisdicciones con impuestos más bajos”, añadió.
Las economías avanzadas del Grupo de los Siete acordaron en junio una tasa impositiva mínima de al menos el 15%. El acuerdo irá al Grupo de las Veinte economías principales para lograr su respaldo político en una reunión en Venecia la próxima semana.
Los detalles técnicos se acordarán en octubre para que las nuevas reglas puedan implementarse para 2023, según un comunicado de los países que respaldaron el acuerdo. Entre los nueve países que no firmaron están miembros de la UE con impuestos bajos, como Irlanda, Estonia y Hungría.
Al calificar el acuerdo como el pacto fiscal internacional más importante en un siglo, el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo que tratará de ganarse a los que aún se resisten.
"Les pido que hagan todo lo posible para unirse a este acuerdo histórico que es ampliamente apoyado por la mayoría de los países”, destacó Le Maire, que agregó que todas las grandes corporaciones digitales estarán cubiertas por el acuerdo.
La nueva tasa impositiva mínima de al menos el 15% se aplicaría a las empresas con un volumen de negocios superior al umbral de 750 millones de euros (889 millones de dólares), y solo estaría exenta la industria naviera.
Más de 250.000 millones de dólares para repartir
Con el primer pilar, concebido en particular para la actividad digital, pero que no se limitará a ese sector, estarán concernidas todas las compañías con una facturación mundial superior a los 20.000 millones de euros y con una rentabilidad (relación entre beneficios e ingresos) superior al 10 %. Todos los países en los que esos grupos obtengan ingresos superiores a un millón de euros (o a 250.000, en el caso de pequeños estados) tendrán derecho a recibir una parte del impuesto que habrán de abonar.
Lo que se repartirá entre ellos es entre un 20 % y un 30 % del beneficio residual, una vez que el país donde tenga la sede la compañía se haya quedado con el impuesto correspondiente al 10 % de la rentabilidad.
La OCDE ha calculado que con ese procedimiento se van a redistribuir más de 100.000 millones de dólares anuales. El segundo pilar se aplicará a las empresas con una facturación de al menos 750 millones de euros a las que se aplicará un tipo mínimo del impuesto de sociedades de al menos 15 %. El porcentaje definitivo tendrá que acabar de concretarse de aquí a octubre.
Gracias a la aplicación de ese nuevo tipo impositivo, superior al que aplican muchas jurisdicciones que alojan gracias a eso grandes corporaciones, la OCDE estima que se generará unos 150.000 millones de dólares anuales adicionales de recaudación fiscal que también se redistribuirán.
Acuerdo histórico
El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, subrayó que "después de años de trabajo y de negociaciones intensas, este paquete histórico de medidas garantizará que las grandes empresas
multinacionales pagan su justa contribución en impuestos en todo el mundo”. Cormann insistió en que este acuerdo no pretende acabar con la competencia fiscal entre países, sino "limitarla” mediante reglas
multilaterales, y "tiene en cuenta los intereses de todas las partes, incluidos los de pequeñas economías y países en desarrollo”. También hizo hincapié en que, por el bien de todos, ahora esto tiene que traducirse en "un acuerdo final" antes de que concluya 2021, como se había previsto.