Siguiendo la política chavista, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, obtuvo la primera aprobación de la "ley habilitante”, que le permitirá legislar por decreto, como lo hizo su antecesor. El argumento es contar con una herramienta para luchar contra la corrupción, la inflación y la escasez de productos de consumo masivo.
Sin esperar la sanción de los superpoderes, que el Parlamento unicameral concretará el martes próximo. Maduro ya adelantó su campaña contra la mayor inflación y escasez de productos del continente. En sus apariciones televisivas diarias anunció que se han arrestado a más de 100 empresarios "burgueses” al comenzar esta semana su campaña contra una supuesta manipulación de precios.
"Tenemos a más de 100 burgueses tras las rejas en este momento”, dijo en un discurso por cadena nacional, a la vez que afirmó que su Gobierno está preparando nuevas leyes para limitar las ganancias del comercio entre un 15% y un 30%, contra el 1000% que esas empresas citadas aplicaban a los precios de artículos electrónicos y otros bienes, según el presidente.
Pero lo agrave de la suma de poder, es la manipulación institucional que utiliza el chavismo al pisotear los principios de la democracia. Es que Maduro no contaba con el mínimo de 99 diputados para aprobar los superpoderes y, con la complicidad del presidente de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró procedente la maniobra, se destituyó a una diputada que el año pasado se pasó a la oposición y fue sometida ahora a juicio político, tras lo cual asumió su suplente oficialista y se cerró así otro caso de inmoralidad en un Estado de derecho.