El ingeniero Mauricio Macri (56) asumirá hoy la presidencia de la República para un mandato constitucional de cuatro años, al haber sido elegido por la ciudadanía en un proceso histórico marcado por la segunda vuelta impuesta por la Ley Electoral cuando la estrechez de las diferencias las dirime un balotaje.

El jefe del Gobierno porteño, ungido por ‘Cambiemos’, el frente formado sobre su partido, el PRO, y el aporte de Coalición Cívica-ARI), y un sector del radicalismo, será el presidente número 53 de nuestra historia, incluyendo a los de facto, y las expectativas de su mandato, más allá de las diferencias ideológicas con el Frente para la Victoria, que ha gobernado durante doce años, se centran en los enormes desafíos para afrontar en un país dividido.

La gestión de Macri tendrá urgencias a resolver en el plano económico de tal magnitud que son inéditas en el déficit fiscal, la caída de las reservas del Banco Central, la creciente inflación y poner en marcha el aparato económico para salir de una recesión con crecimiento prácticamente negativo desde hace tres años. Pero también deberá profesionalizar y hacer más eficiente el Estado, cambiando el perfil político por el gerencial con absoluta división de los poderes y desterrar el narcotráfico y reducir los índices de inseguridad, entre las mayores preocupaciones sociales. Como si fuese poco, espera reconciliar a los argentinos cerrando una brecha ideológica sustentada en el enfrentamiento, de manera de que quien no estaba con el gobierno implicaba enfrentarlo, planteando muchas veces diferencias irreconciliables.

El escenario del cambio elegido por la mayoría de los argentinos será de equilibrio y consenso con protagonismo del diálogo, como lo espera Macri, tanto por la necesidad de escuchar a todos y porque los números no le dan margen de maniobra. No tendrá mayoría propia en las dos cámaras del Congreso Nacional, obligando a negociar propuestas, y con las provincias las fuerzas aparecen más diversificadas pero lejos de la hegemonía kirchnerista de la década: 12 estados provinciales del FPV, entre ellos San Juan; 4 del peronismo no kirchnerista, 3 radicales, 2 de PRO y 3 de otras fuerzas políticas.

Queda la desprolijidad protocolar, que llama la atención al mundo por la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no asistir a la emblemática ceremonia de transmisión del mando. Tampoco debería asombrar, porque su personalidad viene demostrando el propósito de entorpecer la transición.