Muchas familias argentinas pasaron Nochebuena a oscuras en zonas donde el suministro eléctrico es crítico por fallas que no deben sorprender: son parte de una crisis energética largamente advertida por especialistas, frente a un deterioro que finalmente colapsó.
Si bien en San Juan hubo cortes esporádicos, principalmente por las altas temperaturas que accionan los sistemas de protección, nada es comparable con los apagones que desde hace más de una semana afectan a la Capital Federal y conurbano bonaerense, las áreas de mayor consumo domiciliario del país. Las interrupciones de energía eléctrica crecieron un 25% en cinco años y se agudizaron en 2012 en cantidad y duración.
Los cortes afectaron a sectores muy sensibles, caso de una clínica oncológica que estuvo tres días sin luz, hasta que el Gobierno porteño le instaló un generador. En ese lugar se atienden diariamente 500 pacientes, y aún con el grupo electrógeno no pudo sostener el funcionamiento de la compleja aparatología de radiaciones. Otros generadores portátiles asistieron precariamente al Hospital Piñero, durante dos días, pero sin poder utilizar el quirófano ni climatizar las salas de postoperatorios. Y hasta la Casa Rosada tuvo un sector sin corriente en la Secretaría de la Presidencia.
Esos paliativos indican que a una crisis estructural no se la corrige con parches, como pretende el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al exigir un generador alternativo en los nuevos edificios de más de seis pisos de altura. No es solución someter a los consorcistas a pagar un costoso equipamiento, solamente para tener agua y ascensores si se produce un apagón.
La realidad muestra un deterioro precipitado en el último lustro por falta de inversiones de los concesionarios que vienen trabajando a pérdida, según los últimos balances. Con tarifas congeladas, convenios salariales actualizados y una inflación que impacta en los insumos, el desequilibrio financiero se suma al mayor servicio por crecimiento demográfico. Por eso cada récord de consumo va acompañado de cortes, algunos programados, para evitar que colapse el sistema.
Las autoridades no pueden desconocer este panorama porque las responsabilidades son políticas y están focalizadas en la subsidiaridad discrecional y en una economía desbordada por la inflación.