Con todo el respeto que merecen los ex presidentes Fernando Enrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México) creo que se equivocan con su planteo de que al narcotráfico se le gana liberalizando el consumo y produciendo una reducción de los gastos de los consumidores. Lo que seguramente ocurriría al reducirse los costos es que la difusión de la droga aumentaría por un simple cálculo económico de lo que Eduardo Amadeo denominaba la segunda Ley de Samuelson: la reducción del costo aumenta la demanda.
Los narcos festejarían tamaña decisión con enorme alegría ya que pueden manejar el mercado en forma tal de recuperar los niveles de ingreso económico y todo lo que esperan es una legitimación del consumo. Así se pudieron adaptar a las dificultades para producir a partir de las pasta base el clorhidrato de cocaína -lo cual requiere laboratorios de cierta complejidad- optando por enviar toneladas de paco a bajo precio por dosis, pero confiando en que la fuerte capacidad adictiva repetiría el uso en forma casi inmediata.
Por otra parte entre los países mencionados Colombia parece estar avanzando positivamente en desarmar la alianza de los narcos con las fuerzas guerrilleras que los protegen, ha reducido la producción de droga y no ha generado aumentos desmedidos de consumo. Esto se basa en un plan integral eficientemente coordinado en un país donde antes se había proclamado la incapacidad de oponerse a los carteles de la droga.
En nuestro país la despenalización se proclama como si se opusiera a la penalización pero a nadie se le ocurre penalizar en primera instancia al consumidor, que está afectado por una alteración de su conducta conducente a una enfermedad adictiva. Los promotores de la liberación hablan de los "perejiles” que terminan presos no pudiendo ocultar su desprecio por las personas a las que aplican esa caracterización. Esta actitud mas el ataque por atropello, hace sospechar que más que defender derechos quieren ganar batallas. Con este estilo nadie gana y perdemos todos la paciencia.
De nuestro lado creemos que los usadores y aguadores merecen el respeto de sus proclamados derechos humanos, pero la mera mención de los mismos no garantiza que se efectivicen ni las camas públicas inexistentes, ni las prestaciones de urgencia, ni la prevención que se debió realizar. Ni hay camas públicas suficientes para el volumen de abusadores y adictos, ni se piensa en establecerlas. La idea de abrir los hospitales al tema es apta solo para el breve transcurso de la desintoxicación, pero ignora la complejidad de las adicciones que por algo se diferencian del resto de la salud mental.
Nuestro país como lo definió el Dr. de la Cárcova en un reciente evento del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) no deja de multiplicar el volumen de sus exportaciones de drogas a Europa, y a la vez está invadido por las mismas. La alta disponibilidad de droga en nuestro país se basa en la permeabilidad de sus fronteras, que todos los países del mundo resguardan y nosotros desprotegemos. La radarización de las fronteras no es una solución pero si es un recurso válido, como es la presencia de scanners de camiones de transporte en los puntos de traspaso de fronteras. Tratar estos temas como insignificantes es algo que también peca de una soberbia que delata confusión conceptual. O descuido.
El remanido argumento de que la guerra contra las drogas está perdida y que mas vale aceptarlo es un abandono de responsabilidades sorprendente. Tenemos que aprender de los países que avanzan que es lo que los lleva a avanzar. Y saldar nuestra deuda con la prevención educativa, con la alerta social y con los tratamientos eficaces.
Aún cuando debiera ser innecesario repetirlo los términos de un debate son los del respeto a quien sostiene una posición diferente, la que debe ser escuchada con la misma atención que solicitamos para los propios.
Ninguna política de drogas puede efectivizarse con fronteras permeables que son controladas por otros intereses.
La prevención educativa establecida como norma de los tres niveles de la educación por la Ley presentada por la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado Nacional aguarda su aplicación inexplicablemente demorada desde 2009. La base de la misma debe sostener que no hay consumo abusivo que resulte inocuo y que no existe un uso recreativo de la droga.
La familiaridad de las adicciones con la salud mental son tantas como las diferencias operativas de su abordaje asistencial. Cada una tiene necesidades y objetivos diferentes. Sumar se puede pero reconociendo las diferencias.