El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley para eximir al biodiesel argentino del pago del Impuesto a los Combustibles, lo cual redundará en precios competitivos en el plano internacional y particularmente en busca de que la Unión Europea revise sus actuales restricciones a esas exportaciones. Se trata de una medida largamente solicitada por la Cámara Argentina de Biocombustibles, ante la pérdida de competitividad por las altas retenciones.
Según al anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Poder Ejecutivo girará a la Cámara de Diputados -iniciadora de los asuntos tributarios- la propuesta de modificar el impuesto adicional al gasoil (Ley 26.028), de manera que la alícuota del 22% no sea aplicable al biodiesel destinado a generación eléctrica. Además, se pretende eximir de la alícuota del 19% del impuesto a los combustibles líquidos, retrotrayendo la situación a noviembre de 2011, según el compromiso asumido por la Jefa del Estado con los directivos de la Unión Industrial Argentina, de manera de evitar que la carga tributaria incida en el aumento del precio del producto por el traspaso de las compañías a los valores del mercado.
Debe recordarse que a principios de este mes, la Cámara Argentina de Biocombustibles advirtió que con las alícuotas móviles que llegaron al 27,6% a marzo último, la competitividad del biodiesel argentino es prácticamente nula y por tanto se produjo una caída de 1,7 millón de toneladas a 1,1 millón en los últimos dos años y una proyección aún mayor en 2014, a menos de que se atenuara el enorme peso tributario.
Este sector siempre apuntó a la exportación, en virtud de la gran demanda de biocombustibles que existe en las naciones desarrolladas en particular, pero también con una alta competitividad. Las restricciones impuestas por la Unión Europea por supuestas irregularidades en la fijación de los valores de exportación, llevaron a que la Argentina perdiera su liderazgo como proveedor de biodiesel, al punto de paralizar prácticamente a la producción.
La medida presidencial es acertada y oportuna, porque revitalizará las 33 plantas de biodiesel con más de 1.600 trabajadores, y casi todas levantadas bajo la Ley de Promoción de Energías no Renovables.