Los hechos de violencia acontecidos el lunes en la noche en la ciudad de San José de Jáchal, en torno al caso Muñoz, deben ser tenidos en cuenta por todos los sectores de la sociedad para evitar caer en la tentación de hacer justicia por mano propia, olvidando que en un Estado de derecho el respeto a las instituciones y el lugar que le corresponde a la justicia es primordial para preservar el orden y la paz.

Si bien la ciudadanía tiene el derecho a manifestarse libremente, como era la intensión de los familiares y amigos del joven Miguel Mateo Muñoz, quien al momento de la marcha, para pedir por su búsqueda, llevaba 9 días desaparecido, hay que tener en cuenta que este tipo de actos tienen el riesgo de contar con infiltrados interesados en crear caos y tumultos, que suelen ser aprovechados con fines personales o sectoriales.

Hay que tener especialmente en cuenta que las sospechas hasta que no se investigan y se confirman no pueden dar lugar a acciones deliberadas, que de salirse de control terminan, como en el caso de Jáchal, con dependencias policiales y municipales destrozadas y vehículos quemados.

De los testimonios de los principales protagonistas de la marcha, entre los que se encontraban familiares directos y amigos de Muñoz y hasta el cura párroco del Santuario Arquidiocesano de San José de Jáchal, surge que nunca existió la intensión de provocar los desmanes ocurridos sino que, por el contrario, se había programado un acto pacífico en el que solamente se iba a manifestar el apoyo para que no cesara la tarea de búsqueda del joven albañil, hasta ese momento desaparecido.

Después de estos sucesos, a las instituciones de gobierno les queda tener en cuenta que las poblaciones están muy sensibilizadas por los hechos vinculados a la seguridad personal. Casos como el de Muñoz o de Adolfo Ramón "Gogo” Ruíz, en Caucete, reclaman de acciones más enérgicas con resoluciones rápidas. Demorar las investigaciones o no poner todo el empeño en salir a dar respuestas, genera un malestar que puede derivar en una tensión difícil de controlar.

Encontrado el cuerpo sin vida del joven jachallero y ante la presunción de un homicidio, se deberá profundizar la investigación para esclarecer los hechos en la forma más urgente posible.

Ante acontecimientos de esta naturaleza, la responsabilidad debe ser compartida entre pueblo y gobierno, el primero dejando que las fuerzas del orden y la Justicia actúen como les corresponde y el Gobierno cumpliendo con su tarea de esclarecer los casos y preservar el orden y la seguridad de las personas.