Probablemente durante la gobernación de Hernando Arias de Saavedra en 1596 se establecieron las primeras escuelas no jesuíticas en el actual territorio argentino. En 1609 concurrían a estos establecimientos unos 150 alumnos. Desde su emancipación a partir de 1810, la Nación Argentina estuvo influida por dos corrientes de pensamiento distintas: La racionalista, laicista e iluminista de Voltaire que sustentó la filosofía política de la Revolución Francesa y que influyó por ejemplo en el Dean Funes en Córdoba y la de inspiración cristiana que pregonó que la autoridad es dada por Dios pero no al rey sino al pueblo.

En los primeros años de poblamiento del actual territorio argentino, la educación estuvo centrada en la escolaridad primaria a cargo de las órdenes religiosas (franciscanos, dominicos y más tarde, jesuitas) y basada en la evangelización y en el uso del idioma español con carácter obligatorio. Lograda la independencia argentina en 1816 y ante la carencia de profesionales de la educación, se implementaron los alumnos monitores para compensar las desigualdades del simultaneísmo en el aula. Se trataba, no obstante, de una educación memorística sustentada en una férrea disciplina. Llegaría la figura más representativa de la educación en la Argentina, la de Domingo F. Sarmiento quien fomentó la inmigración y trajo educadores estadounidenses y europeos y construyó escuelas y bibliotecas en todo el país. Así el paradigma educativo dominante se formulaba en los términos en el que ‘el pueblo debe asistir a la escuela”.

El Primer Congreso Pedagógico de 1882 fue, por ejemplo, el antecedente de la Ley de Educación Común 1420 (1884) -acompañada posteriormente con la Ley Lainez (1905)- con el que la fracción liberal de los grupos dominantes logró construir un modelo fundacional. Así, sentó las bases de la educación argentina que se irradió por todo el Estado Nacional y dio paso a la construcción de la ciudadanía.

Medio siglo después, el segundo Congreso Pedagógico, convocado con la apertura a la democracia y culminado en 1988, puede ser considerado el precedente necesario y directo del avance neo-liberal plasmado en la Ley Federal de Educación 24.195/1993. El Congreso estuvo dominado por una fuerte carga ideológica y política; hubo más política que pedagogía. Nadie proponía cambiar el esquema del primario y el secundario, como después lo hizo el gobierno menemista. El nuevo paradigma educativo estaba basado en el supuesto del incremento de la competitividad de la población activa en el mercado del trabajo. El programa de la desregulación y la privatización, condujo a la descentralización del sistema de la escuela media argentina, por lo que, a partir de 1992, la administración y la financiación de las escuelas se convirtieron en una responsabilidad provincial. La Ley de Educación Nacional volvería a reestructurar la primaria y la secundaria.

El nuevo paradigma educativo significaría una escuela no solo de saberes, sino de ‘competencias”. ¿Qué son las competencias? Es un ‘saber hacer”, con ‘saber” y con ‘conciencia”. Sin embargo a este lo enfrenta un paradigma concomitante a nuestra realidad que desafía al de las competencias que se pretende instalar.

Este paradigma ya trae consigo un nuevo sistema educativo, el SEA (Sistema Educativo Alterno) por el que cualquier miembro de la Comunidad Educativa estando en el sistema formal, se desenvuelve en el no formal asistemático y actúa justamente ‘en calidad de ciudadano” y su jurisdicción es departamental o provincial. Con la creación del SEA hemos incorporado en la enseñanza la aptitud del alumno docente y por consiguiente la del pueblo como educador en su propósito desde que el pueblo es actor de la enseñanza.