La demanda que estimuló la economía en los últimos años ha acentuado los incentivos al consumo. La indexación salarial con que se busca compensar el deterioro que la inflación produce en el poder de compra, y la ausencia de opciones de ahorro de fácil acceso van marcando a los distintos sectores.

Uno de ellos es la actividad bancaria, ya que actualmente el 94% de los créditos que se otorgan al público están destinados a financiar distintos tipos de consumo, mientras que sólo el 6% restante corresponde a préstamos prendarios para la compra de automóviles o hipotecarios. El tan renombrado modelo económico se ha vuelto más inflacionario debido al mayor gasto público y de emisión monetaria, agregando otros ingredientes para incentivar el consumo privado.

Tasas reales negativas para los depósitos y una fuerte expansión del crédito al consumo, con financiación sin interés para cuotas con tarjeta, son una invitación para transformar los ahorros en compras. También aportan los aumentos de la masa de salarios y jubilaciones, de la asignación universal por hijo y de otros planes sociales, además de los controles de precios y los crecientes subsidios para mantener congeladas en forma indiscriminada las tarifas del transporte y de energía.

La consultora Ecolatina señala en un último informe que en 2010 las ventas de electrodomésticos crecieron 65%; las de autos 0 kilómetro, 29% y 18% las escrituras de inmuebles en el área metropolitana. La apreciación del real frente al dólar y al peso atrajo a un alto número de turistas brasileños contribuyendo a que las ventas en shoppings subieran 24 por ciento. Para 2011, la consultora Abeceb considera que la masa potencial del consumo se incrementará en un promedio de 27,3% respecto al año pasado y llegará a 618.000 millones de pesos. La cuestión es que ese aumento promedio coincide con la mayoría de las estimaciones privadas de inflación para este año, con lo cual su efecto se neutralizará en términos reales. Por eso es que los reclamos salariales para las paritarias se ubican en una franja que va del 28 a 40 por ciento.

El interrogante que no recibe respuestas oficiales es hasta cuándo será sostenible esta política económica sin reconocer que el poder adquisitivo se deteriora sistemáticamente debido a una inflación que no es considerada como un problema.