El problema de caja del Gobierno nacional y los menores ingresos coparticipables por enfriamiento de la economía, ponen en aprieto a las finanzas provinciales, salvo en administraciones bien equilibradas, como San Juan y Santiago del Estero, según ha revelado un estudio y por las propias expresiones de los gobernadores más apremiados.
Es que al agotarse el reparto discrecional de la Nación, que calmó las preocupaciones hasta el presupuesto de 2011 y ante la ausencia de una ley de coparticipación federal de impuestos -como ordenó la última reforma constitucional-, las provincias enfrentan la incertidumbre de no cumplir con obligaciones corrientes. Algunas, como Entre Ríos y Santa Cruz, debieron desdoblar o pagar salarios en forma escalonada en abril, en tanto Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y Chaco emitieron de letras, impulsando el endeudamiento a cifras temerarias. Todo esto porque el sistema de salvataje del tesoro nacional dejó de funcionar y la ausencia de un acuerdo fiscal con la Nación -el último venció en 2005-, como paliativo, hasta disponer de una norma justa y equitativa. Además, las provincias cedieron a la Anses el 15% de sus fondos federales y la presidenta prorrogó esa exacción hasta 2015 por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia, lo que priva a las provincias disponer de alrededor de 70.000 millones de pesos, por una retención de visos inconstitucionales ya planteada por Santa Fe ante la Corte Suprema de Justicia.
Mientras tanto las provincias deben agudizar el ingenio para no entrar en default. En San Juan se busca reducir el 60% de morosidad contributiva que tiene Rentas y un mecanismo viable es descontar por planilla los impuestos a los estatales, según un proyecto de ley que se aprobaría en breve, con el pedido de adhesión a los poderes Legislativo y Judicial y a los municipios. Si se tiene en cuenta que el Estado es el principal empleador de la provincia, se achicará sustancialmente la deuda y sin apelar al facilismo de aumentar impuestos para cubrir la morosidad crónica.
Otra variante para estudiar es federalizar las regalías mineras con el modelo del Fondo Federal Solidario de distribución de las retenciones a la soja. Este tema merece un estudio minucioso, ya que los municipios que reciben cifras millonarias han desvirtuado el objetivo de crear con esas regalías polos de desarrollo y de diversificación económica para continuar el crecimiento cuando se termine la actividad minera. En cambio, gastan los recursos en obras y servicios que deben ser financiadas con el presupuesto general y surgen dudas acerca de regalías que irían a gastos corrientes.