La confrontación y hostigamiento que viene sufriendo el periodismo independiente en la Argentina, por parte de la intolerancia a la diversidad de opiniones, se agravó en los últimos tiempos más allá de las continuas trabas a la libertad de expresión.

La intolerancia ya lesiona al Estado de derecho, en el cual la prensa es pilar del andamiaje institucional. Es preocupante que el oficialismo considere enemigos a quienes no comparten los lineamientos de un modelo y a la vez los intente silenciar con métodos que van desde la descalificación a medios y personas, hasta la asfixia fiscal y económica. Tal el preocupante diagnóstico al que arribó y dio a conocer en un documento crítico, la reciente asamblea de la la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), puntualizando los embates de un gobierno que tiene a la libertad de expresión como un objetivo a aniquilar.

El duro pronunciamiento de la entidad que nuclea a casi toda la prensa escrita y digital del país, advierte el grave debilitamiento de este aspecto de la democracia y, para el sector, la amenaza cierta de desaparición de unas 40 publicaciones -la mayoría de provincias- por el manejo arbitrario y discrecional de la publicidad oficial que castiga o premia las líneas editoriales. Además se somete a las empresas a una "presión confiscatoria", dice ADEPA, intimando, de manera abusiva a través de la Afip, a centenares de publicaciones mediante cartas-documento, inspecciones integrales, determinaciones de deuda cuya existencia está en debate y otras formas de presión.

ADEPA señala con acierto los riesgos que corren los principios del ordenamiento constitucional, en cuanto a la libertad de expresión. Y exhorta a la no regulación de contenidos periodísticos; el respeto a la situación actual de los medios, sin legislar retroactivamente, preservando el pluralismo y la diversidad existentes; evitar la discrecionalidad en la autoridad de aplicación y garantizar la seguridad jurídica, entre otras formas castigadas por el poder.

Si se le agrega la presión oficial para imponer el proyecto de la nueva ley de radiodifusión -algunos funcionarios la llaman "la madre de todas las batallas"-, que resume un pensamiento único, lejos de otras propuestas y del debate multisectorial, la amenaza de acallar voces disidentes es una meta inminente.