La Corte Suprema de Justicia ha reclamado al Gobierno nacional que autorice la asignación de partidas para la creación de 750 cargos judiciales como medida para acelerar los juicios. La entrega de fondos fue acordada el 10 de marzo último, cuando el jefe de Gabinete, Sergio Massa, prometió una partida de 36 millones de pesos para los nombramientos.

El Gobierno no debe desembolsar dinero, porque los fondos son parte de los 500 millones de pesos depositados en plazo fijo a la orden del Poder Judicial. El monto está disponible, pero necesita la autorización de la Jefatura de Gabinete y de una ley del Congreso para crear los cargos. El conflicto entre el Ejecutivo y el Tribunal surgió cuando la Presidenta acusó al Poder Judicial de demorar el trámite de las causas contra la represión. Pero las demoras no son un patrimonio exclusivo de las investigaciones de casos de terrorismo de Estado cometidos durante la última dictadura militar. En los tribunales federales porteños se tramitan expedientes sobre corrupción de funcionarios públicos que acumulan varios años de retraso.

Así lo reflejó un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) elaborado por un grupo de jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales que participaron de un curso sobre reglas internacionales contra la corrupción. El documento contiene datos de 40 causas que se tramitan en los tribunales de Comodoro Py, en el que figuran la fecha de inicio de la investigación, el juzgado en el que se instruye, la identidad del denunciante y de los imputados, una descripción del hecho y el monto involucrado.

Del análisis de ese relevamiento surge que 18 de esas 40 causas llevan más de 10 años de trámite: se iniciaron en 1999 o antes. Otras 17 comenzaron hace más de 5 años, en tanto que sólo 5 del total llevan menos de 5 años de instrucción. El trámite más antiguo investiga el caso IBM-Banco Nación, como se conoce al presunto fraude en el contrato entre el banco y la multinacional para informatizar las sucursales de la entidad financiera. Se abrió en mayo de 1994 y aún no se llevó adelante el juicio.

El alto tribunal, que paulatinamente cobró reconocida independencia y legitimidad, siente que es injustamente maltratado y que el Gobierno ha aprovechado la tribuna política para desgastarlo. Los jueces están cansados de que el tema de los derechos humanos sea usado como bandera política.

Es necesario crear los nuevos cargos para que ese personal se dedique a acelerar no sólo las causas de derechos humanos, sino también las referidas a casos de corrupción.