No todos los expresidentes tienen la altura moral necesaria. Muchos están presos o fueron cuestionados por abusos de poder y corrupción. Varios son oportunistas y utilizan la ocasión para seguir fulgurando en el vasto firmamento de la política. Algunos, como el panameño Ricardo Martinelli, se auto exiliaron para evitar la cárcel; y otros, que pronto dejarán el cargo, están preocupados, como Cristina Kirchner y tampoco se augura buen futuro para presidentes reelegidos como Michel Bachelet y Dilma Rousseff, a juzgar por los casos resonantes de corrupción que las envuelven.
Pero lo cierto es que por primera vez en una Cumbre, un grupo de exmandatarios, que responden a distintas tendencias e ideologías, se unieron en torno a una causa común: La defensa de la democracia en Venezuela. Los atropellos a la democracia no son nuevos en ese país, pero es la primera vez que en un escenario de jerarquía política se le acusa a Nicolás Maduro de no cumplir con los mínimos estándares internacionales: Falta de independencia de la Justicia, censura a medios de comunicación y elecciones "justas y libres” son los pecados. El chavismo siempre usó a la Justicia para perseguir a opositores y críticos, hostigar a periodistas y amañar elecciones.
Los 23 expresidentes latinoamericanos y dos españoles, entre ellos, Alvaro Uribe, Felipe Calderón, Vicente Fox, Sebastián Piñera, Felipe González y José María Aznar, reclamaron en un documento por la liberación de los presos políticos, en especial por los casos más conocidos, como el de los alcaldes opositores, Leopoldo López y Antonio Ledezma, la imagen más visible de la opresión de Maduro.
Pese a lo positivo y noble de la actitud política, se debe aclarar que se trata solo de un gesto, pero no de un acto de gobierno, como la comunidad internacional viene pidiendo. De ahí las críticas que se le hicieron al secretario general de la OEA, ahora en retirada, José Miguel Insulza, por haberse comportado muy insulso e indiferente ante jefes de Estado tan avasallantes como Maduro o su antecesor.
Unas críticas fundamentadas que también se hacen a los gobiernos actuales que parecen mirar de costado cuando se viola la Carta Interamericana Democrática, un documento consensuado años atrás y que los obliga a responder con decisión cuando se violan preceptos democráticos en cualquier país. Se trata de un silencio cómplice del que también formaron parte los exmandatarios que hoy son fiscales de la democracia.
Uno se pregunta ¿por qué no reaccionaron con la misma vehemencia cuando el chavismo cometía los mismos abusos mientras ellos eran gobiernos? ¿Por qué callaron por décadas sobre las permanentes violaciones a los derechos humanos del régimen de los hermanos Castro?
Existe mucha hipocresía, en especial cuando se observa cómo le llovieron críticas a Barack Obama, que lejos de solo expresar repudio a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, tomó acción, sancionando a siete funcionarios por los asesinatos impunes de varios estudiantes venezolanos durante las escaramuzas del año pasado.
Ante la omisión cómplice de los gobiernos latinoamericanos para defender la democracia, cobra trascendencia la actitud de los expresidentes, de ser fiscales de Venezuela y cumplir con una Carta Interamericana Democrática que hasta ahora solo tuvo fines decorativos.