Uno de los fenómenos más tristes que se han dado en nuestro país en los últimos 20 años es nuestra inhabilidad para reducir los niveles de pobreza. En las últimas dos décadas, en Chile bajó a un tercio, y en Brasil cayó a la mitad. El segundo caso es realmente inédito, porque la economía brasileña durante estas dos décadas creció mucho menos que la argentina.
Según el último informe del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), los programas de contraprestación laboral beneficiaron a un promedio de 504.000 personas con un presupuesto anual superior a 5700 millones de pesos. La Asignación Universal por Hijo (AUH) cubre a 3,5 millones de niños, unas 1,8 millones familias receptoras de 511 pesos mensuales a fines de 2012. Este presupuesto anual de 11.200 millones de pesos prácticamente duplica al que insume el conjunto de los planes con contraprestación laboral. No obstante todo esto, el estudio señala que la pobreza ascendió a 24,5 % en 2012. El porcentaje es 4,5 veces mayor al que difundió el INDEC, que fue de 5,4.
Las cifras de pobreza en Argentina arrojan números totalmente distintos según el prisma desde el que se mire y no sólo en cantidad, sino también en su variación anual. La tasa de pobreza registra en 2012, una suba del 1,6% con respecto al año anterior, pero a contramano de la UCA, los datos del INDEC registraron una caída de la pobreza desde el 6,5% en 2011. Tampoco las diferencias terminan allí, ya que la divergencia entre los datos públicos y privados es de hasta cinco veces si se considera la cota máxima de la canasta básica, con una pobreza que afecta al 26,9% de las personas. Sin los programas asistenciales, la indigencia afectaría al 9% de la población, por lo cual uno de cada 10 argentinos sería considerado indigente.
Si bien los planes sociales no son considerados una solución de largo plazo, en cuanto demuestran la falta de autonomía de los hogares, de no existir la asignación universal por hijo, la indigencia podría afectar hoy a uno de cada diez argentinos. La UCA solía intercambiar información con el INDEC hasta 2006, e incluso se ayudaban mutuamente con los datos obtenidos, hasta que dejaron de hacerlo. Con un sistema de estadísticas oficiales con tantas disparidades, los datos de la encuesta de la deuda social, como otros de la esfera oficial, habría que adecuarlos a los efectos de su credibilidad.