Nuestra provincia es nuevamente sede de un proceso judicial histórico, con expectativa nacional por el carácter ejemplificador ante hechos aberrantes y acciones que forman parte del lado oscuro de nuestra sociedad, como es la trata de personas. El interés que en un momento concentraron los juicios contra los responsables de los delitos de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar, es comparable con este megajuicio por trata de personas que comenzó el viernes último y continuará el 24 del corriente, no obstante los intentos de la defensa para que no prospere.
En la primera audiencia contra 19 sanjuaninos acusados de integrar una red de trata de personas, desbaratada el 14 de abril de 2012, miembros de diversas organizaciones sociales y del Foro No a la Trata, se dieron cita con sus consignas y banderas para pedir justicia y apoyar, de algún modo, este proceso que por primera vez se cumple en San Juan.
Se ha consignado que en los últimos veinte años la trata de mujeres para la explotación sexual creció en forma alarmante y que la Argentina es un país de reclutamiento, tránsito y destino en el sometimiento femenino. En 2012, fue modificada la primera ley de trata, sancionada en 2008, pero que no se ajustaba a las necesidades del momento. La actual legislación, de plena vigencia, es la 26.842, que considera delito a la trata sin distinguir si la mujer es menor o mayor, entre otros aspectos relevantes.
El aumento de este delito lo alienta un ámbito cada vez más propicio para que la trata de mujeres prolifere en una forma alarmante, por lo que es necesario promover estas instancias de juzgamiento a fin de desalentar una actividad denigrante, que pone en peligro a miles de jóvenes que engañadas o seducidas suelen caer en manos de explotadores sin escrúpulos y merecedores de la más dura condena social a través de un juicio ejemplificador.
La ley sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a las víctimas prevé las disposiciones penales y procesales junto con los derechos que asisten a las víctimas a quienes el Estado está obligado a proteger con una serie de medidas que incluyen la atención médica y psicológica, seguridad, alojamiento y traslados y apoyo jurídico.
El delito de trata es más amplio que la explotación sexual que presupone, ya que alcanza también a la reducción a condición de esclavitud o servidumbre, al sometimiento a realizar trabajos o servicios forzados, o cuando se practicare extracción ilícita de órganos o tejidos humanos.