La protesta sectorial en la vía pública coartando la garantía constitucional de circular libremente, es un hábito que altera la convivencia social porque afecta a la población que nada tiene que ver con el origen de los problemas que originan el piquete con sus activistas amenazantes.

El problema se vive a diario en el país, como ocurrió en San Juan el martes último con el corte de la ruta 141, a la altura de Bermejo, réplica de los puesteros a los controles para evitar la presencia de animales sueltos y secuestrarlos, sin descartar el uso del rifle sanitario, como causantes de trágicos accidentes de tránsito. El perjuicio causado a los automovilistas en una ruta sin alternativas para sortear el piquete, tuvo un promedio de 80 vehículos varados durante horas a ambos lados del corte.

La Constitución Nacional y el Código Penal son terminantes en cuanto a la libre circulación por el territorio argentino, sin admitir segundas interpretaciones, como pretenden atribuir los garantistas con el curioso enfoque de "no criminalizar la protesta social”, en el mensaje ideológico de la década. Las rutas, las calles y los espacios públicos le pertenecen a la comunidad y asegurar la libre circulación en base a la legislación vigente es responsabilidad de los jueces con órdenes precisas a las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, han aparecido ideas demagógicas como un proyecto de ley, propuesto por la diputada nacional oficialista Diana Conti, destinado a proteger el derecho a la protesta o manifestaciones sociales y que obliga al Estado a darle seguridad a esas expresiones, como también garantizar su difusión y dispone liberar espacios para tal fin.

Este proyecto para dar marco a los piquetes y protestas en quedó en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, donde las diferencias manifestadas por los distintos bloques jugaron en contra de la intención del kirchnerismo de sacar un dictamen de consenso. Es que existen decenas de estas incoativas populistas, en particular de la izquierda y del socialismo que reclaman también la amnistía de procesados y presos por su participación en protestas piqueteras.

En medio de los experimentos políticos para torcer los dictados de la Carta Magna y las leyes específicas, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, los calificó ayer de "ridiculez”, partiendo del concepto básico de que una ruta o una calle son para circular no un ámbito de protesta.