Después de dos años que estalló el caso Ciccone, el juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria al Vicepresidente de la Nación por su supuesto rol en este caso. De este modo se convirtió en el funcionario de más alto rango del Poder Ejecutivo, en ejercicio, en afrontar una acusación formal de la Justicia por presuntos actos de corrupción desde el retorno de la democracia.
Sus argumentos se fueron desvaneciendo en el tiempo por falta de consistencia. Acusó de lobbista judicial al exjefe de los fiscales Esteban Righi, pero la Justicia lo sobreseyó y limpió su buen nombre y honor. Denunció por prácticas deshonestas al presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, pero la Justicia no encontró ni pruebas ni indicios de ningún delito en su gestión. Amado Boudou dijo que no conocía a Alejandro Vandenbroele, pero le alquilaba el departamento que está a nombre del propio vicepresidente.
También aseguró que no había escuchado hablar de The Old Fund, presidida por Vandenbroele cuando ésta estaba a cargo de Ciccone, pero aquella empresa pagó pasajes turísticos a familiares de Boudou. Aseveró que no había hecho ninguna gestión ante la AFIP para recomponer la deuda impositiva de Ciccone, pero apareció una nota firmada por Boudou, cuando era ministro de Economía, en la que instruía a un directivo de la agencia impositiva para que fuera condescendiente con la empresa gráfica.
Quedan muchos interrogantes respecto a quiénes fueron los financistas ocultos de la operatoria; de dónde salió el dinero; si fue Boudou el supuesto líder de toda la operatoria, o acaso hubo alguien, por encima de él, que impartió órdenes a otras áreas del Estado lideradas por funcionarios enfrentados con Boudou, como el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray o el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Ni la Presidenta de la Nación ni su gobierno ni su partido están ya en condiciones de pagar más precios políticos. El error de haberlo elegido sin consultar con ninguna instancia política demostró que ese no es un buen método y podría servir de lección para los próximos gobernantes. Ahora, Amado Boudou no tendrá más remedio que presentarse frente al juez Lijo el 15 de julio, dos días después de concluido el Mundial de Fútbol y con la Presidenta fuera del país.
El magistrado debe contar con pruebas suficientes para indagar al imputado, mientras el Vicepresidente ha dicho que no renuncia y que se defenderá aportando las pruebas que en el juicio se requieran.