El Gobierno nacional continúa presentando los informes mensuales sobre índices inflacionarios crecientes, que no coinciden con la realidad que vive la población, y lo más grave es que no se adoptan decisiones sobre un problema que es urgente resolver.
La falta de credibilidad en las cifras oficiales motivó que distintas consultoras económicas privadas decidieran elaborar y divulgar sus propios índices, pero a partir de este año Guillermo Moreno comenzó a sancionarlas con multas de $500.000, con el argumento de que violaban la ley de lealtad comercial. Por eso es que diputados de la oposición denunciaron al secretario de Comercio Interior por abuso de autoridad en la Justicia penal y, para evitar nuevas sanciones, acordaron con ocho consultoras privadas que sea la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja la que difunda a partir de ahora las estadísticas de este sector.
Mientras los legisladores anunciaban que el índice inflacionario promedio de mayo fue de 1,5%, el informe del Indec difundió que la inflación oficial del mes pasado fue de 0,7 por ciento. Hasta el jefe de la CGT Hugo Moyano afirmó que la inflación es el gran déficit del modelo económico kirchnerista, por más que haya omitido mencionar esa palabra que es tabú para el léxico oficial, durante la multitudinaria concentración que organizó en la avenida 9 de julio, resultando claro que el aumento salarial del 24% que pactó para su gremio fue una concesión ante los aumentos de precios que generan la inflación.
Para que el ritmo del consumo no decaiga, el Gobierno nacional viene preparando otra batería de medidas a fin de apuntalarlo de aquí a las elecciones. Esto ocurrirá luego de que a fines de junio y comienzos de julio el pago del medio aguinaldo, calculado sobre salarios nominalmente más altos, signifique una inyección para la demanda.
En esa lista se inscriben diferentes medidas de reactivación de los producción, facilitar el ingreso genuino de capitales extranjeros, gestionar la eficacia de recursos para ayuda social y desacelerar la inversión pública entres otros. El ajuste en septiembre de la movilidad previsional automática; un aumento de la asignación universal por hijo y tal vez otra modificación en las asignaciones familiares y los juicios por reajuste en las jubilaciones, puedan alterar la viabilidad práctica del superávit fiscal y las necesidad de caja para acordar juicios pendientes como los del Club de París.
Por otro lado la mayoría de los candidatos opositores propone reducir la inflación gradualmente sin precisar cómo ni en qué medida, mientras que el oficialismo oscila todavía entre negarla o dejarla correr hasta donde se pueda, mientras espera la oportunidad política para aplicar la medidas mencionadas.