La investigación de la causa relacionada con la comercialización de medicamentos robados y adulterados tienen la mirada puesta sobre las cajas de varios sindicatos. Mientras tanto, los gremios se resisten a explicar o justificar el destino de ese monto aportado por el Estado a sus obras sociales, en los últimos años.
No se sabe si cumplieron o no, ya que nunca rindieron cuentas o lo hicieron mal, por lo que fueron intimados a devolverlos. La mayor parte corresponde a fondos que habían sido girados durante 2005 y en años anteriores, por la Administración de Programas Especiales (APE). Este organismo se nutre de un porcentaje de los aportes de los trabajadores y de las empresas, y financia la atención de enfermedades, como el sida y discapacidades. De acuerdo con una auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, las obras sociales sindicales sólo rindieron 143 millones de pesos de un total de 351 millones entregados por la APE.
Una de las obras sociales que más se demora en rendir 17 millones de pesos es la bancaria, que dirige desde 1982 Juan J. Zanola, el mismo sindicalista observado por el juez Norberto Oyarbide en la causa de los remedios falsos. Según el estudio, la obra social del gremio de Zanola debe más de 16 millones de pesos, sólo superada por las de los empleados de comercio con 75 millones de pesos. Los 48 millones de pesos para prevención de enfermedades se distribuyeron en forma discrecional entre 52 gremios, dejando afuera a más de la mitad de las obras sociales y con grandes disparidades.
El programa contemplaba una segunda etapa, pero lo frenó en noviembre de 2008 la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, tras denunciar que existía un sistema de defraudación a la APE, a través de la fabricación de papelería, como historias clínicas y troqueles, para reclamar reintegros de gastos. La carencia de fiscalización y la falta de claridad en los procesos de otorgamiento de los subsidios, como ya en 2006 lo había detectado la Sigen, son una elocuente ratificación de la discrecionalidad con la que se mueve la APE. Este ente debería ser administrado por profesionales y no por representantes de los gremios aliados al poder, que sólo luchan por sus propios intereses en lugar de defender los de los trabajadores que representan.