Las paredes de la fachada del Colegio de La Inmaculada, en nuestra ciudad, han mostrado -primero por calle General Paz y luego en Av. Alem- las pintadas anónimas acerca del pronunciamiento contundente de la comunidad sanjuanina contra el proyecto de ley que propicia el matrimonio de personas de igual sexo, y que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.
Esta actitud de intolerancia es propia de las mentes ideológicamente radicalizadas, que primero se victimizan apareciendo como discriminados y perseguidos por las leyes y las normas de convivencia civilizada y luego dan el golpe artero. Cuando los fines que persiguen se frustran frente a la lógica de la evolución humana, en este caso sustentada en la relación de la pareja heterosexual para la preservación de la especie, que responde a la naturaleza de las especies, no a concepciones religiosas o doctrinarias.
Sin embargo ningún sector que busca alterar las leyes del sentido común, como es promover la unión matrimonial homosexual, fue capaz de exponer sus ideas abiertamente en la audiencia pública convocada en la Legislatura Provincial, la semana pasada, donde se dieron cita más de 35.000 personas.
Por el contrario, los sectores que supuestamente se sienten discriminados por la ley actual, aunque los ampara el Código Civil como a cualquier ciudadano, optaron por refugiarse en el Rectorado de la UNSJ, eludiendo exponer sus verdades como corresponde en una democracia madura. Incluso con sus argumentos ya tienen una parte ganada, en la Cámara baja, mientras se aguarda la sesión del 14 de este mes en el Senado de la Nación. Pero en San Juan prefirieron recurrir al método del agravio mediante los graffitis perversos en el frente a un colegio religioso, reclamando cesar con la "represión” y la "persecución”, dos calificativos del fundamentalismo cuando lo acechan el debate esclarecedor y el diálogo constructivo.
Para el llamado Foro de la Diversidad, que defiende el matrimonio gay, no parece contar el pluralismo participativo. La estrategia del resentimiento es parte de un activismo ideológico que se aplica sistemáticamente para imponer la fuerza contra la razón legitimada en las garantías y los derechos constitucionales. Por ello una consulta popular sobre el tema es una alternativa que puede llegar a superar definitivamente una cuestión politizada por el garantismo protagónico de cierta dirigencia afín al poder.