Como algunos analistas lo anunciaban, los últimos enfrentamientos en Egipto han conducido al país a la intervención militar y el derrocamiento del presidente Mohamed Mursi. La campaña opositora "’Tamarrud” ("’rebelión” en árabe), comenzaba días atrás exigiendo la dimisión de Mursi en multitudinarias manifestaciones y reuniendo más de 22 millones de firmas.

El ex presidente egipcio juró su cargo el 30 de junio de 2012 y su carrera hacia el palacio presidencial fue meteórica: pasó de ser el representante sin carisma del candidato de los "Hermanos Musulmanes”, a enfrentarse en una dramática segunda vuelta con el general jubilado Ahmed Shafik, un fuerte del régimen de Hosni Mubarak. Ganó el pulso por la mínima de 51,7 por ciento.

Durante los primeros meses, logró fortalecer astutamente su posición. Luego, sus detractores comenzaron a acusarle de gobernar sin sentido de Estado y servir a los intereses de los Hermanos Musulmanes y sus aliados salafistas, que son los rigoristas musulmanes. Un año después, el país más poblado del mundo árabe se hunde en una aguda crisis económica. La libra egipcia se ha devaluado un 10% desde finales de 2012; la tasa de desempleo real supera el 20% y la reserva de divisas extranjeras se han desplomado más de un 60% desde principios de 2011. Para los opositores, Mursi no ha satisfecho dos de las proclamas de las revueltas contra su predecesor: Pan y justicia social.

Al cumplirse el primer aniversario de la elección de Mursi, el humorista egipcio Bassem Youssef recordó que el presidente había prometido una Asamblea Constituyente equilibrada que trabajaría en una Constitución consensuada y respeto representativo, pero que rompió todas sus promesas, así que la única opción fue ganar la calle.

Los egipcios se sienten profundamente defraudados, con la sensación de que quienes fueron elegidos no sólo les están sacando dinero, sino que les están sustrayendo la voz y el derecho a participar del gobierno. Se trata de una demostración más en Oriente, de que quienes interpretan su triunfo electoral como un mandato para hacer lo que quieren, incluyendo ignorar a la oposición, ahogar a los medios de prensa, actuar con soberbia y corromperse, como si la democracia fuese sólo votar y no derechos en general, y en especial el derecho de las minorías.