En su primer mensaje, tras asumir por segunda la Presidencia de Uruguay, Tabaré Vázquez prometió mantener los lineamientos que han fortalecido al país y aplicar medidas contra la inflación del 8,02% el año pasado para impedir que exceda el techo oficial, además de controlar el elevado déficit fiscal de un 3,3% del PBI.

El crecimiento uruguayo es admirable y la nueva gestión de Vázquez espera consolidarlo con apoyo de la Asamblea General, integrada por 99 diputados y 31 senadores, la mayoría del oficialista Frente Amplio, una coalición de sectores principalmente de izquierda. Esto llevará a avanzar en una educación de calidad para todos, según afirmó, de manera que sea un motor de un país más innovador y productivo. Para ello prometió mejoras salariales para los docentes y también evaluaciones de su desempeño. E invocando su condición de médico, anunció la gratuidad de servicios clínicos, en especial para embarazadas, la creación de un sistema nacional de cuidados en favor de niños, ancianos o inválidos, para lo que se prevé una inversión de anual de 45 millones de dólares, sumando también financiamiento privado.

Si bien sobresalen los lineamientos básicos en las áreas de la salud, la educación, infraestructura y economía, donde hay consenso de todos los sectores representativos, las expectativas se centran en lo político y en el plano internacional. En esto último, Vázquez ya adelanto su propósito de recomponer relaciones que, como en el caso de Argentina, están deterioradas por los exabruptos y las críticas de José Mujica.

Pero la cuestión se plantea en la idea de crear un grupo de trabajo por "verdad y justicia”, que se encargará de investigar los crímenes cometidos en el marco de la última dictadura en Uruguay (1973-1985), que podría crear un marco adverso al clima de tranquilidad social que gozan los uruguayos. Y podría frustrar la convocatoria a un diálogo social bajo el nombre de "Uruguay 2050” para debatir el futuro del país junto a la sociedad civil.

Otro problema es el malestar externo por la legalización de la marihuana. Fue planteado en el seno de la ONU con mucha preocupación no sólo porque Uruguay es el primer país en legalizar la compraventa, distribución y consumo de cannabis, sino que afecta el funcionamiento del sistema internacional de fiscalización de drogas.