El año pasado la ciudadanía argentina fue sorprendida, de cara a la segunda vuelta electoral celebrada en noviembre, por un debate televisivo inédito que enfrentó a los candidatos presidenciales Mauricio Macri, del frente Cambiemos -finalmente vencedor-, y Daniel Scioli, del kirchnerista Frente para la Victoria. El enfrentamiento de ideas y programas de los principales contendientes en las urnas fue promovido por la organización no gubernamental ‘Argentina Debate’ y ante la gran repercusión ahora se busca oficializar estas exposiciones con carácter obligatorio.

La iniciativa gubernamental ha sido elaborada por el Ministerio del Interior y, de acuerdo a una información confiable, será remitida al Congreso de la Nación el próximo mes para su discusión y, de convertirse en ley, comenzaría a aplicarse en las elecciones generales de 2019.

Quien ha dado forma a la propuesta del presidente Mauricio Macri ha sido el secretario de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional argentino, Adrián Pérez, quien hizo declaraciones a un medio porteño. Para el funcionario el debate presidencial es fundamental porque quien pretende gobernar un país debe asumir el compromiso de presentar sus propuestas y exponerlas a la crítica de otros aspirantes.

Es por ello que la iniciativa prevé que los candidatos deberán debatir públicamente antes de las elecciones generales y, si se da el caso, antes de la segunda vuelta electoral, como ocurrió el año pasado. Y si un postulante se negara a participar de la discusión, sus avisos de campaña en radio y televisión, que le son asignados por ley, advertirán a la audiencia que ese candidato a presidente no cumple con la obligación de debatir.

El debate televisivo de los candidatos presidenciales en un mecanismo básico en las principales democracias del mundo, porque es la manera que tiene el electorado de imponerse de las propuestas en forma directa y, además, confrontarlas en un contexto esclarecedor al plantearse discusiones, cuyas conclusiones pueden ser determinantes en la ciudadanía.

Para los argentinos será otro paso hacia la consolidación de nuestra vida institucional porque un debate presidencial obligatorio, junto a la modernización del sistema electoral como lo propone el Gobierno nacional con la boleta electrónica, darán más transparencia a la democracia.