La necesidad de contar con una legislación nacional destinada a los controles medioambientales es un tema que urge debatir en el Congreso para intervenir directamente en problemas irresueltos a través de décadas, como el emblemático saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, la mayor contaminación del país.
Las jurisdicciones que intervienen en estos casos, con normas que a veces se contraponen, o dan lugar a dilaciones burocráticas, impiden los trabajos integrales no obstante las buenas intenciones de los gobiernos locales, como en las obras del cauce citado, donde tuvo que intervenir de la Corte Suprema de Justicia.
Ante el cúmulo de situaciones similares, el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, ha reclamado el tratamiento parlamentario de los proyectos sobre control ambiental. Además, que el organismo a su cargo sea dotado con normas que permitan superar las trabas jurisdiccionales frente al daño ecológico.
Durante la jornada "Desprotección ambiental en la Argentina y federalismo: el rol de la Auditoría General de la Nación\’\’, realizada en el Senado, Despouy observó que el Parlamento tiene una responsabilidad específica del tema ambiental ya que dispone de un cúmulo de normas específicas que se debería analizar para dar lugar a una legislación que destrabe los escollos que el organismo encuentra cuando se dispone a efectuar los controles.
En la reunión se hizo alusión a los impedimentos que surgen cuando la AGN intenta una auditoría en provincias y municipios debido a las normas que existen en esas jurisdicciones. Además del Riachuelo, hay temas puntuales como el incumplimiento de la Ley de Bosques que hasta ahora siete provincias no han acreditado su Ordenamiento Territorial de Bosques ante la Secretaria de Ambiente de la Nación; la morosidad en la Ley de Glaciares, que a cuatro años de sancionada sólo seis provincias -San juan incluida- presentaron el inventario de su ambiente glaciar y periglacial; las minas abandonadas, como las de uranio que no fueron cerradas y siguen están contaminando, y las explotaciones petroleras inactivas.
Sin duda la herramienta legal es indispensable, pero no basta para cumplir su cometido si no hay una firme decisión política para ejecutarla. El saneamiento del Riachuelo, es la prueba de ello: a seis años del fallo de la Corte sólo se hizo la limpieza de algunos lugares de las márgenes en la Capital Federal y de la costa bonaerense del Río de la Plata.