Ante la serie de cuestionamientos extemporáneos que sufre la minera metalífera, el Gobierno provincial anunció el propósito de convocar a consultoras internacionales para que inspeccionen todos los procesos de los yacimientos locales, de manera que contar con un seguimiento absolutamente irreprochable.
Las reiteradas críticas que desde otros ámbitos se vuelcan a las tareas que en San Juan ejecutan las empresas mineras en yacimientos metalíferos, han impulsado esta decisión oficial acertada a fin de que no hayan segundas interpretaciones como son las campañas desatadas contra la minería, prácticamente todas movidas por razones políticas oportunistas o manifestaciones tendenciosas de raíz ideológica. Estos sectores no confían en el poder de policía de los organismos provinciales, denostan las leyes locales de protección de los recursos no renovables y de impacto ambiental y seguramente echarán mantos de dudas si se busca tercerizar tal fiscalización en firmas argentinas. Nada calma al fundamentalismo porque la lógica, el sentido común y las pruebas palpables chocan contra los principios radicalizados que sólo admiten una sola verdad.
A los ideólogos del ambientalismo tampoco les satisfacen las normas de control de calidad, como las ISO e IRAM, que disponen las principales empresas firmas mineras y directas, o vinculadas ellas, un hecho insólito si se tiene en cuenta el respeto que estas certificaciones privadas tienen en los diferentes sectores productivos, fabriles, comerciales y de servicios.
Es de esperar que con el llamado a concurso de consultoras internacionales para el control de la explotación metalífera se bajen los decibeles de las campañas interesadas, o por lo menos que no sigan confundiendo a la población a través de las redes sociales donde se enseñorean los dueños de una verdad dañina, sustentada en situaciones supuestas que nunca llegan a precisar con el rigor de pruebas contundentes. Todo ello viene a reforzar otras medidas de fondo, como la modificación del cobro de regalías y la creación de un empresa estatal minera sanjuanina.
La experiencia que deja la irrupción de la gran minería en San Juan impone estas decisiones políticas tendientes a optimizar la cuestión medioambiental con los trabajos en la alta cordillera y obtener mayores réditos para el Estado.