La presidenta de la Nación prohibió por decreto la oferta de sexo en publicaciones gráficas, promulgando la ley 26.364, y creó una oficina de control en el ámbito del Consejo Nacional de la Mujer. No es una actividad reciente y desconocida. Por el contrario, la trata de blancas está arraigada en Argentina desde hace más de un siglo y por sus particulares características es un aberrante delito, tan antiguo como el mundo civilizado.

El Código penal tipifica la trata de blancas en todas sus etapas: menores de edad, sin distinción de sexo, o de mayores, mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de coerción. Nadie ignora que en el país se "importan” mujeres y niñas de países vecinos, con falsas promesas de trabajo, que constituyen casi una opción única para las desdichadas y sus familias y, así engañadas, son ingresadas generalmente en forma ilegal al país, reteniéndoles los documentos y privándolas de la libertad para forzarlas a ejercer la prostitución, y a menudo se las introduce también en la droga.

La Rioja es la provincia que tiene la ley más tolerante hacia la prostitución, una norma tachada de inconstitucional por violar el convenio internacional para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución. Informes de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) han denunciado que el negocio mundial de la trata de personas genera ganancias por 32.000 millones de dólares al año y que se ubica en el tercer lugar de un siniestro ranking internacional encabezado por la venta de armas y el comercio de drogas. Cuando la víctima es una menor, una niña, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), puede generar, ella sola, una ganancia de 130.000 dólares al año. La OIM estima que un grupo de siete mujeres esclavas sexuales le reditúan a sus captores unos 100.000 dólares mensuales. En la zona de la Triple Frontera, según Unicef, un ejército de 3.500 niños, niñas y adolescentes sufren algún tipo de violencia sexual, hasta la explotación comercial.

La medida ahora adoptada por el Gobierno nacional marca un progreso considerable, aunque también se debería avanzar contra las páginas de Internet que ofrecen sexo y lograr romper la tolerancia o complicidad policial para que se corten las asociaciones mafiosas que manejan este vil negocio.