La prórroga de los beneficios promocionales dictados por del Acta de Reparación Histórica, para apuntalar las economías de La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan, ha generado una insólita reacción en Mendoza por un supuesto perjuicio que no es tal. La experiencia de aplicar estos beneficios fiscales durante más de tres décadas, demuestra que jamás se produjo un éxodo empresario masivo desde Mendoza ni de otras provincias hacia las zonas con beneficios impositivos diferidos. Lo señalan los índices del crecimiento incuestionable de nuestros vecinos.
Por el contrario, las regiones promocionadas han sentido los ataques de sucesivas presiones políticas impulsadas por poderosos sectores económicos, detractores históricos de las prerrogativas fiscales, hasta lograr que se recorten los beneficios originales y con ello se produjo el cierre de fábricas en San Juan y otras provincias comprendidas, al quedar descolocadas competitivamente frente a los grandes mercados.
Sorprende ahora la intempestiva reacción mendocina, carente de fundamentos, más allá de la mezquindad alentada por las impericias políticas. Mendoza ha sido bendecida por la naturaleza, con su gigantesco potencial en hidrocarburos y de minerales extendidos en la cordillera, incluyendo las reservas uraníferas, y un turismo internacional que se asocia a la agroindustria y actividades comerciales propias de su expansión y como principal nexo con Chile.
En realidad, el escozor de Mendoza no es tanto por la promoción sino el empuje de la minería metalífera explotada en gran escala como en San Juan. En 2006, durante la gobernación de Julio Cobos, se sancionó la ley 7722, que prohibe en suelo mendocino el uso de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias similares en minería, aunque el resto de las industrias las use prácticamente sin control. Un derrame de mercurio, en un arroyo, fue denunciado públicamente hace un mes.
Mendoza tiene que hacerse cargo de sus propios errores políticos, mirar las incoherencias domésticas que frenan proyectos gigantescos la explotación de potasio de Río Colorado y toda la minería metalífera frenada por el ambientalismo fundamentalista. La promoción en las provincias pobres es un lamento mediático para justificar los desaciertos institucionales propios.