Se han producido en estos días manifestaciones y acusaciones absurdas, que afectan no solo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sino a la dignidad y el respeto que todos los argentinos nos debemos.
Las presiones que indirectamente han expresado tanto la presidenta de la Nación como su esposo, el diputado Néstor Kirchner al Tribunal Superior de Justicia, no se corresponden con el respeto y la independencia que debe primar entre los distintos poderes republicanos. La ciudadanía observa perpleja un escenario de hostilidad inusitada, con una campaña de hostigamiento que excede el margen de las disputas políticas o los intereses circunstanciales.
La campaña contra la máxima magistratura tiene connotación, a modo de respuesta, a los fallos judiciales adversos al oficialismo que no deben ser motivo de cuestionamiento, ya que la justicia se decide de acuerdo a las leyes, a su interpretación y jurisprudencia y nunca por intereses ajenos al proceso judicial. Siempre pueden existir campañas de esclarecimiento o notas de opinión, declaraciones pero dentro de un marco de respeto encuadrados en el disenso y lo sanos contrapesos que equilibran a la democracia.
Estos agravios, implican descalificaciones y amenazas incompatibles con la calidad institucional de un Estado de derecho. Sorprende también que sean denostados los miembros de una Corte designados por este signo político y ponderados en su momento por el prestigio e idoneidad profesional. Pero también queda al descubierto que esta independencia de criterio y ecuanimidad funcional, no son presupuestos que en una democracia se puedan discutir y menos transgredir, tanto por los sectores oficiales como privados.
Lo preocupante de esta campaña contra la Corte es el agravante de la movilización de piqueteros y militantes cuyas provocaciones no conocen límites y transitan por la cornisa de la ilegalidad como las actitudes de Hebe de Bonafini, repudiadas por casi toda la ciudadanía. Pero también es de lamentar que todo esto ocurra cuando se analiza la ley de medios, que está vigente, salvo una medida cautelar que se debe resolver en tiempo y forma.
La independencia de los poderes republicanos es un orgullo de toda democracia fortalecida. Debe valorarse en nuestra Corte una actuación que enorgullece y prestigia a la Justicia argentina como fiel intérprete de la Constitución Nacional.